Desde SEPMA venimos denunciando desde hace meses una problemática que afecta a distintos servicios de la Diputación de Málaga: la falta de cobertura de bajas, jubilaciones, vacantes, traslados, vacaciones y otras carencias de personal.
Esta situación no es un asunto menor ni puede tratarse como una simple cuestión organizativa. Cuando una Administración no cubre las ausencias ni planifica correctamente sus recursos humanos, la carga de trabajo no desaparece: se traslada directamente al personal que permanece en su puesto.
Y esa sobrecarga tiene consecuencias.
Una sentencia que pone el foco en los riesgos psicosociales
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social a indemnizar con 15.000 euros a una funcionaria por daños morales derivados de una situación de sobrecarga laboral en una oficina de atención al público de Santa Cruz de La Palma, según han recogido distintos medios de comunicación.
Este pronunciamiento resulta especialmente relevante porque recuerda algo básico: las Administraciones Públicas también tienen la obligación de proteger la salud laboral de su personal. La falta de plantilla, la acumulación de tareas, la presión continua, los retrasos y la tensión en la atención a la ciudadanía no pueden normalizarse como si fueran parte inevitable del trabajo público.
Una realidad que también se vive en Diputación de Málaga
Desde SEPMA venimos advirtiendo de esta situación en la Diputación de Málaga. Durante los últimos meses hemos trasladado consultas y advertencias sobre bajas que no se cubren durante meses, jubilaciones que no se prevén con tiempo, plazas vacantes o trasladadas sin cobertura a corto o medio plazo, y servicios que deben asumir también la falta de sustituciones durante los periodos de vacaciones.
El resultado es claro: la plantilla activa acaba asumiendo tareas que corresponden a puestos no cubiertos, acumulando funciones, responsabilidades y presión.
Esta situación afecta a distintos servicios de la Diputación de Málaga, tanto a los que prestan atención directa a la ciudadanía como a los que realizan funciones técnicas, administrativas, de mantenimiento, asistencia a municipios o gestión interna. La falta de personal puede producirse en cualquier área, incluido el propio Servicio de Recursos Humanos, y precisamente por ello resulta imprescindible una planificación adecuada de las plantillas, con previsión de jubilaciones, cobertura ágil de bajas y vacantes, refuerzo de los servicios con mayor carga de trabajo y medios suficientes para evitar que las carencias organizativas terminen recayendo sobre las mismas personas trabajadoras.
En los servicios de atención directa a la ciudadanía, la falta de personal incrementa la tensión diaria, dificulta una atención adecuada y expone al personal a un mayor desgaste emocional. Pero también afecta a servicios esenciales dentro de la Diputación que prestan apoyo a municipios de toda la provincia, como Vías y Obras, equipos técnicos, Mantenimiento y otras áreas cuya actividad repercute directamente en terceros.
Estrés, ansiedad, burnout y deterioro del clima laboral
La falta de personal mantenida en el tiempo puede generar un impacto directo sobre la salud del personal empleado público.
Entre las principales consecuencias se encuentran el estrés, la ansiedad, el agotamiento físico y mental, la frustración, la desmotivación y el síndrome de burnout, conocido comúnmente como “estar quemado/a”. También pueden aparecer problemas de sueño, fatiga crónica, dolores musculares, dificultad para desconectar del trabajo y un aumento de las bajas médicas.
Además, la sobrecarga continuada deteriora el clima laboral. Cuando faltan efectivos, aumentan las tensiones internas, los roces por el reparto de tareas, la dificultad para conciliar, la imposibilidad de disfrutar permisos o vacaciones con normalidad y el malestar hacia una organización que no da respuesta a un problema conocido.
La consecuencia es un círculo peligroso: falta personal, se sobrecarga a quienes están, aumenta el desgaste, crecen las bajas y el problema se agrava.
No se puede sostener un servicio público a costa de la salud de la plantilla
Desde SEPMA queremos dejar claro que el compromiso del personal público no puede utilizarse como solución permanente a la falta de planificación. La profesionalidad de la plantilla no puede convertirse en excusa para no cubrir bajas, no prever jubilaciones o no reforzar servicios que llevan tiempo trabajando al límite.
Nuestra reivindicación principal es clara: ninguna plantilla debe sostenerse a costa de la salud de su personal. La sobrecarga continuada genera estrés, ansiedad, agotamiento, frustración, deterioro del clima laboral y un aumento del riesgo de bajas médicas. Defender unos servicios públicos de calidad empieza por proteger a quienes los hacen posibles cada día.
La Administración tiene la obligación de organizar correctamente sus recursos, prevenir los riesgos laborales y adoptar medidas eficaces cuando detecta situaciones de sobrecarga. No basta con reconocer que falta personal: hay que actuar.
Cubrir las bajas, prever las jubilaciones, reforzar los equipos técnicos, planificar las vacaciones y garantizar plantillas suficientes no es un privilegio para el personal empleado público. Es una condición necesaria para proteger su salud y para asegurar que los servicios públicos se prestan con calidad.
SEPMA seguirá denunciando esta situación
Desde SEPMA seguiremos reclamando cobertura de bajas, previsión de jubilaciones, refuerzo de vacantes y una planificación real de las plantillas en todos los servicios de la Diputación de Málaga.
Esta reivindicación tiene un objetivo fundamental: proteger la salud del personal empleado público y evitar que la falta de medios humanos siga generando sobrecarga, estrés y deterioro de las condiciones laborales.
Porque cuando falta personal, no solo sufre la plantilla: también se debilitan los servicios públicos.
Jésica Perez 
Ester Sánchez Sánchez