La petición de una prórroga a Bruselas no puede sustituir la obligación de aprobar medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para reparar al personal público en abuso
El vencimiento del plazo marcado por la Comisión Europea para que España responda al abuso de temporalidad en el empleo público vuelve a situar el problema en el centro del debate jurídico, político y sindical.
Según ha publicado la prensa, el Gobierno ha solicitado a Bruselas ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para adoptar medidas frente a la temporalidad en el sector público, con el objetivo de evitar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta petición llega después de que la Comisión Europea diera a España hasta el 29 de junio de 2026 para demostrar avances suficientes en el cumplimiento del Derecho europeo.
Desde SEPMA lo decimos con claridad: ganar tiempo no es cumplir. Una prórroga no puede convertirse en una nueva vía para aplazar la reparación de quienes llevan años sufriendo abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas.
Como ya advertimos en nuestra publicación sobre cómo Bruselas mantiene el pulso a España por el abuso de temporalidad en el empleo público, el problema no está solo en la elevada tasa de temporalidad, sino en la falta de medidas reales para prevenir, sancionar y reparar el abuso.
El problema no es de calendario, es de cumplimiento
La Comisión Europea decidió el pasado 29 de abril enviar a España un dictamen motivado dentro del procedimiento INFR(2014)4334, al considerar que el Derecho español no ofrece una protección suficiente frente al uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada en el sector público. Bruselas concedió dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias, con la posibilidad de llevar el asunto ante el TJUE si la respuesta no resulta satisfactoria.
Por tanto, la cuestión de fondo no es si España necesita más meses. La cuestión es si existe voluntad real de aprobar una norma que cumpla la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La actualidad jurídica ha vuelto a poner de relieve esta idea. El análisis publicado por Law&Trends bajo el título “Ganar tiempo no es cumplir: la prórroga que el Gobierno pedirá a Bruselas sobre el abuso de temporalidad” sitúa el debate precisamente en esa clave: el paso del tiempo no introduce por sí solo en el ordenamiento una medida sancionadora efectiva.
Desde SEPMA compartimos ese diagnóstico. España no puede seguir sustituyendo el cumplimiento jurídico por anuncios, reuniones o aplazamientos. El abuso de temporalidad no se resuelve con más espera, sino con una respuesta legislativa clara.
Las Líneas Rojas siguen siendo el punto de partida
La petición de prórroga confirma la importancia de las reivindicaciones que SEPMA viene defendiendo junto al bloque de sindicatos, plataformas y asociaciones.
El pasado 23 de junio, SEPMA participó en la acción conjunta que llevó al Congreso el documento de “Líneas Rojas” contra el abuso de temporalidad. Ese documento fijaba una posición común: ninguna solución será válida si no repara a las personas afectadas, sanciona a las Administraciones incumplidoras y evita que el abuso vuelva a repetirse.
Posteriormente, en nuestro análisis sobre las “Líneas Rojas” del personal público en abuso, explicamos que el problema no puede limitarse a estabilizar plazas. La clave está en reparar el daño sufrido por las personas que han sostenido servicios públicos durante años desde una situación de precariedad e incertidumbre.
Por eso, cualquier ampliación de plazo solo tendría sentido si se utiliza para aprobar una norma plenamente conforme al Derecho europeo. Si la prórroga sirve para posponer de nuevo la solución, estaremos ante otro incumplimiento político y jurídico.
Europa ya ha dicho que las soluciones actuales no bastan
La sentencia Obadal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reforzó una idea esencial: las soluciones formales no son suficientes cuando no eliminan las consecuencias del abuso ni sancionan de forma real a la Administración empleadora. En nuestra publicación sobre la sentencia del TJUE en el asunto Obadal, ya señalamos que el “indefinido no fijo”, las indemnizaciones tasadas o los procesos abiertos que no reparan específicamente a las víctimas no bastan para cumplir con Europa.
La prensa también ha recogido que el TJUE considera insuficientes las medidas actuales adoptadas por España frente al abuso de temporalidad en el sector público, incluyendo indemnizaciones limitadas, procesos de estabilización abiertos y figuras que no eliminan realmente la precariedad.
La conclusión es evidente: no basta con reducir estadísticas. No basta con convocar plazas. No basta con pedir más tiempo. La obligación europea exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.
La planificación del empleo público también es parte de la solución
Desde SEPMA insistimos en que el abuso de temporalidad no se resolverá únicamente con una norma de urgencia. Es imprescindible que las Administraciones Públicas asuman una planificación real de sus recursos humanos.
Como ya defendimos en nuestra publicación sobre que las administraciones locales no pueden funcionar con plantillas del pasado, las RPT, plantillas, ofertas de empleo público y procesos selectivos deben responder a necesidades reales, actualizadas y negociadas.
Una buena negociación colectiva es imprescindible para evitar que la temporalidad vuelva a convertirse en una forma ordinaria de gestión. Cuando una necesidad temporal se prolonga en el tiempo, deja de ser coyuntural y evidencia la existencia de una plaza o puesto estructural que debe incorporarse correctamente a la organización administrativa.
Las personas temporales en abuso necesitan una relación laboral estable. Y, hacia el futuro, los nuevos nombramientos temporales deben estar sometidos a plazos, control, planificación y procesos selectivos convocados en tiempo y forma.
Una prórroga no puede ser otro silencio
El Gobierno ha convocado, según la información publicada, una reunión con comunidades autónomas y la FEMP para coordinar posibles cambios normativos. Ese diálogo institucional puede ser necesario, pero no puede sustituir la negociación con quienes representan directamente al personal público en abuso.
Las personas afectadas llevan años litigando, movilizándose, registrando escritos, sosteniendo servicios públicos y esperando una respuesta que no llega. La unidad de plataformas, asociaciones y sindicatos ha dejado claro que existe una demanda común: reparación, estabilidad y garantías de no repetición.
La Comisión Europea no está exigiendo una explicación política. Está exigiendo una respuesta normativa eficaz. Y esa respuesta debe llegar con hechos, no con más tiempo.
SEPMA: la reparación no puede seguir esperando
SEPMA considera que la solicitud de una prórroga a Bruselas no puede ser utilizada para aplazar nuevamente una solución que lleva años pendiente. El abuso de temporalidad en el empleo público es una responsabilidad de las Administraciones y del legislador, no de las personas trabajadoras que lo han sufrido.
La salida debe ser clara: una ley que reconozca el abuso, repare a las personas afectadas, sancione a las Administraciones responsables y establezca mecanismos reales para impedir que la temporalidad vuelva a perpetuarse.
Desde SEPMA lo reiteramos:
Ganar tiempo no es cumplir.
No basta con estabilizar plazas.
Hay que reparar a las personas.
Frente al abuso, reparación. Frente a la precariedad, estabilidad. Frente al aplazamiento, cumplimiento europeo. #FijezaYa
Comunicaciones SEPMA 
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