Madrid, 2 de julio de 2025 – A través de la Orden PJC/681/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 158), el Gobierno hace oficial el incremento del 0,5 % de las retribuciones del personal al servicio del sector público, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Este aumento, de carácter adicional y consolidable, está previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, en cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios.
Fundamento legal y criterios económicos
La medida responde a lo estipulado en el RD-ley 4/2024, que contempla un incremento del 0,5 % adicional si la suma del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) de los años 2022, 2023 y 2024 supera la subida salarial fija acumulada de ese mismo periodo.
- Según el INE, la suma del IPCA en esos tres años asciende al 12 %, mientras que la subida salarial fija acumulada ha sido del 8 %, cumpliéndose así las condiciones para activar este aumento.
Impacto práctico
- El aumento se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023.
- Se percibirá con efecto desde el 1 de enero de 2024, y previsiblemente será abonado en la nómina de agosto, como paga de atrasos a nivel estatal. En el resto de administraciones públicas, deberá de aplicarse en los próximos meses.
- El incremento es consolidable, lo que significa que se integrará de forma permanente en las futuras retribuciones del personal público.
Reacciones sindicales y próximas exigencias
Desde Sepma valoramos como insuficiente y tardía la aplicación de esta subida del 0,5 %. Si bien se cumple un compromiso firmado, lo hace con más de 18 meses de retraso, lo que erosiona la confianza en el diálogo social y en la voluntad política de mejorar las condiciones del personal público.
Además, recordamos que existen reivindicaciones prioritarias aún no implantadas en las administraciones públicas españolas:
- Jornada laboral de 35 horas: sigue sin aplicarse de forma generalizada en el conjunto del Estado. Aunque algunas comunidades autónomas como Castilla y León o Murcia la han puesto en marcha, el Gobierno central solo ha planteado una reducción a 37,5 horas semanales, aún en tramitación parlamentaria.
- Jubilación parcial anticipada: pese a figurar en el Acuerdo Marco de 2022, su recuperación no se ha legislado. A día de hoy, los empleados públicos no pueden acogerse a este derecho, suprimido desde 2012, y no hay calendario oficial para su implantación.
- Modelo de revisión salarial automática ligado al IPC: sigue siendo una demanda pendiente. No existe a día de hoy un sistema legal que garantice la actualización automática de los salarios públicos conforme a la evolución del coste de la vida.
Desde Sepma exigimos que estas cuestiones se aborden de forma inmediata en la mesa de negociación y se articulen en el nuevo acuerdo salarial 2025–2027. El personal público necesita certezas, derechos efectivos y una revalorización real de su trabajo frente al deterioro inflacionario y la sobrecarga de servicios.
