La Comisión de Coordinación del Empleo Público prepara un nuevo texto normativo y un protocolo frente al abuso de temporalidad. El anuncio llega bajo la presión de la Comisión Europea y apenas un día después de una nueva movilización del personal temporal. SEPMA reclama pasar de las reuniones a soluciones efectivas para las personas que llevan años sufriendo las consecuencias de la temporalidad abusiva.
La reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, celebrada en Sevilla el 25 de septiembre, abre un nuevo capítulo en el prolongado conflicto de la temporalidad en las Administraciones Públicas españolas.
Según la información difundida por Función Pública, representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas han avanzado en un primer documento de trabajo destinado a abordar la temporalidad y en la elaboración de un futuro texto normativo y un protocolo de buenas prácticas para evitar situaciones de abuso.
Pero para comprender el verdadero alcance de este anuncio es necesario mirar más allá de la nota institucional.
España llega a esta reunión después de años de reformas legislativas, procesos extraordinarios de estabilización, pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, procedimientos de infracción y una creciente movilización de plataformas, asociaciones, organizaciones sindicales y personas afectadas por la temporalidad en el empleo público.
Y existe una coincidencia temporal especialmente significativa:
solo un día antes de la reunión de Sevilla, personal temporal de las Administraciones Públicas volvió a concentrarse ante la representación de la Comisión Europea en Madrid para reclamar una solución efectiva al abuso de temporalidad.
Del 24 de septiembre ante Europa al 25 de septiembre en Sevilla
La sucesión de acontecimientos resulta especialmente relevante.
El 24 de septiembre, colectivos integrados por personal temporal trasladaron nuevamente sus reivindicaciones ante la representación de la Comisión Europea en Madrid.
La movilización se enmarca en las actuaciones desarrolladas por plataformas y organizaciones de personas afectadas, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid (PAFPM) —denominación oficial de la organización— y las entidades agrupadas alrededor de las denominadas “Líneas Rojas Innegociables”, cuyas reivindicaciones viene apoyando SEPMA.
Estas organizaciones llevan tiempo denunciando la falta de una respuesta efectiva para las personas que han permanecido durante años sometidas a relaciones temporales susceptibles de constituir abuso.
Solo veinticuatro horas después de aquella movilización, Función Pública comunicaba desde Sevilla que el Gobierno y las comunidades autónomas avanzaban en nuevos instrumentos para afrontar el problema.
Dos acontecimientos consecutivos que muestran las dos caras del conflicto:
mientras las personas afectadas reclaman soluciones, las Administraciones continúan negociando cómo articularlas.
¿Qué se ha acordado realmente en Sevilla?
Es importante distinguir entre los anuncios realizados y las medidas que ya se encuentran aprobadas.
La reunión estuvo presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, y contó con la participación de las personas responsables de las administraciones autonómicas con competencias en esta materia.
Según Función Pública, se ha avanzado fundamentalmente en dos instrumentos.
Por un lado, un texto normativo, cuyo contenido, alcance y rango definitivo todavía deberán concretarse.
Por otro, un protocolo de buenas prácticas destinado a ayudar a las instituciones a gestionar correctamente aquellas situaciones en las que sea necesario recurrir a personal temporal, evitando que terminen generándose situaciones de abuso.
Las comunidades autónomas se han comprometido a continuar realizando aportaciones y a mantener las reuniones técnicas necesarias para definir un paquete de medidas.
Por tanto, a día de hoy, no existe todavía una nueva norma aprobada como consecuencia de la reunión de Sevilla.
Existen trabajos preparatorios, un documento en elaboración y nuevas reuniones anunciadas.
Para las personas que llevan años esperando una solución, esta diferencia no es menor.
Cerca de 937.000 personas mantienen una relación temporal con las Administraciones Públicas
La dimensión del problema debe analizarse también a partir de las estadísticas oficiales.
La Estadística del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (EPSAP) correspondiente a enero de 2026 contabiliza 3.071.725 personas al servicio de las Administraciones Públicas.
A partir de esos datos oficiales se contabilizan 936.965 personas con una relación temporal, entre personal funcionario interino y personal laboral temporal.
Esto supone aproximadamente tres de cada diez personas incluidas en esta estadística.
La mayor concentración se encuentra precisamente en las administraciones autonómicas, mientras las entidades locales mantienen igualmente un importante volumen de temporalidad.
Esta situación tiene especial trascendencia para SEPMA por su incidencia sobre el personal empleado público de Andalucía y sobre las plantillas de ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales de la provincia de Málaga.
Pero existe una precisión imprescindible:
temporalidad no significa automáticamente abuso de temporalidad.
Las estadísticas generales permiten conocer cuántas personas mantienen una relación temporal, pero no permiten determinar por sí solas cuántas se encuentran jurídicamente en una situación de abuso.
Para ello es necesario conocer la duración, sucesión y circunstancias concretas de cada relación de servicio.
Y precisamente aquí aparece una de las grandes incógnitas que continúa sin resolverse públicamente.
¿Cuántas personas se encuentran realmente en situación de abuso?
El Gobierno ha venido manejando estimaciones sobre el número de personas que podrían encontrarse afectadas por situaciones de abuso, mientras las plataformas cuestionan esas cifras y reclaman transparencia sobre la metodología utilizada.
Desde SEPMA consideramos imprescindible que las Administraciones publiquen datos completos, verificables y suficientemente desglosados.
Si existen cerca de 937.000 personas con una relación temporal en las Administraciones Públicas, estas deberían poder determinar cuántas llevan uno, tres, cinco, diez o más años prestando servicios temporalmente y en qué circunstancias.
No se trata de afirmar que todo el personal temporal se encuentre en situación de abuso.
Se trata de responder con rigor a una pregunta fundamental:
¿cuántas personas se encuentran realmente en una situación de abuso de temporalidad?
Sin esa información resulta muy difícil conocer la dimensión efectiva del problema y valorar si las medidas adoptadas hasta ahora han servido realmente para solucionarlo.
El objetivo del 8 % y una realidad que obliga a mirar más allá de las plazas estabilizadas
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fijó como objetivo situar la tasa de cobertura temporal por debajo del 8 % de las plazas estructurales.
Los procesos extraordinarios de estabilización derivados de esta norma han permitido transformar numerosas plazas ocupadas temporalmente.
El propio Gobierno informó en 2026 de que se habían actualizado hasta 440.168 las plazas temporales incluidas en procesos de estabilización.
Sin embargo, las plataformas y organizaciones de personas afectadas vienen insistiendo en una diferencia fundamental:
estabilizar plazas no es necesariamente lo mismo que reparar las consecuencias del abuso sufrido por las personas.
Los procesos selectivos pueden contribuir a reducir la temporalidad estructural.
Una cuestión distinta es determinar qué consecuencias jurídicas deben existir cuando una Administración ha mantenido durante años relaciones temporales de manera abusiva.
Ahí continúa encontrándose uno de los principales puntos del conflicto.
Europa mantiene abierto el frente de la temporalidad en España
La situación española tampoco puede entenderse exclusivamente como un problema interno.
La Comisión Europea mantiene actuaciones relacionadas con la utilización abusiva de relaciones temporales sucesivas en el sector público español.
El 29 de abril de 2026, Bruselas remitió a España un dictamen motivado dentro del procedimiento de infracción INFR(2014)4334, al considerar que la legislación española no protegía suficientemente a determinado personal del sector público frente al abuso derivado de relaciones temporales sucesivas.
La cuestión resulta especialmente importante porque el Derecho de la Unión exige que existan medidas efectivas destinadas a prevenir y, cuando corresponda, sancionar el abuso.
La Comisión consideró insuficientes las explicaciones proporcionadas por España y mantuvo abierta la posibilidad de continuar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se adoptaban las medidas necesarias.
Por tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas no llegan a la reunión de Sevilla únicamente como consecuencia de un debate interno sobre política de personal.
Llegan también en un escenario marcado por las exigencias europeas.
Los 626,6 millones y el hito que Europa consideró revertido
Existe otro elemento especialmente relevante para comprender la magnitud del conflicto.
La Comisión Europea acordó el 7 de julio de 2025 la suspensión de 626,6 millones de euros vinculados a un hito del Plan de Recuperación español que previamente había sido considerado cumplido y que posteriormente fue considerado revertido.
Se trata del denominado hito 144, relacionado con la reforma destinada a reducir la temporalidad y con la existencia de medidas eficaces frente al abuso de los nombramientos temporales.
Este episodio evidencia que el problema de España ante Europa no puede analizarse únicamente contabilizando las plazas incorporadas a los procesos de estabilización.
La cuestión de fondo sigue siendo otra:
¿dispone España de mecanismos realmente efectivos para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad?
Cinco años después de la Ley 20/2021
La cronología permite comprender por qué existe un creciente cansancio entre numerosas personas afectadas.
2021. España aprueba la Ley 20/2021 y pone en marcha los procesos extraordinarios de estabilización.
2022-2024. Las Administraciones desarrollan estos procesos mientras continúan llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones relacionadas con las consecuencias del abuso de temporalidad en el empleo público español.
2024-2025. Nuevos pronunciamientos europeos mantienen abierto el debate sobre la necesidad de disponer de medidas efectivas frente al abuso.
2025. La Comisión Europea considera revertido el cumplimiento del hito 144 y acuerda la suspensión de 626,6 millones de euros.
29 de abril de 2026. La Comisión Europea remite a España un dictamen motivado dentro del procedimiento de infracción INFR(2014)4334.
Durante 2026. Plataformas, asociaciones y organizaciones sindicales intensifican sus actuaciones para reclamar una solución efectiva y evitar nuevos aplazamientos.
24 de septiembre de 2026. Personal temporal de las Administraciones Públicas vuelve a concentrarse ante la representación de la Comisión Europea en Madrid.
25 de septiembre de 2026. El Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen en Sevilla y anuncian que trabajan en un nuevo texto normativo y un protocolo de buenas prácticas.
Cinco años después de la Ley 20/2021, la cuestión sigue abierta.
Prevenir el abuso futuro no resuelve por sí solo el abuso ya producido
Este es probablemente uno de los principales puntos de discrepancia entre el enfoque institucional y las reivindicaciones de las plataformas y organizaciones de personas afectadas.
Un protocolo destinado a impedir futuros abusos es necesario.
Una mejor planificación de los recursos humanos también.
Establecer límites efectivos a la utilización de nombramientos y contratos temporales resulta imprescindible.
Pero ninguna de estas medidas responde por sí sola a una cuestión esencial:
¿qué solución recibirán las personas que ya hayan sufrido durante años una situación de abuso?
Las organizaciones agrupadas alrededor de las denominadas “Líneas Rojas Innegociables” vienen reclamando que cualquier nueva regulación respete plenamente las exigencias derivadas del Derecho de la Unión y contemple una respuesta efectiva para las personas afectadas.
Desde SEPMA compartimos que cualquier reforma que se impulse no puede limitarse exclusivamente a impedir que el problema vuelva a producirse.
También debe abordar las consecuencias del abuso ya producido.
SEPMA: las reuniones deben convertirse en soluciones
Desde SEPMA – Sindicato de Empleados y Empleadas Públicos de Málaga consideramos positivo que el Gobierno y las comunidades autónomas reconozcan la necesidad de adoptar nuevas medidas frente a la temporalidad.
Pero después de años de reformas legislativas, procesos extraordinarios de estabilización, pronunciamientos europeos, procedimientos de infracción, requerimientos de Bruselas y movilizaciones de las personas afectadas, una nueva ronda de reuniones no puede convertirse en otro aplazamiento de las decisiones necesarias.
Prevenir futuros abusos es imprescindible.
Pero también es necesario ofrecer una respuesta jurídicamente efectiva a las personas que ya los hayan sufrido.
Las Administraciones deben proporcionar, además, información transparente que permita conocer la verdadera dimensión del problema.
¿Cuántas personas mantienen actualmente una relación temporal con las Administraciones Públicas?
¿Cuántas llevan más de tres años?
¿Cuántas acumulan cinco, diez, quince o más años de temporalidad?
¿Cuántas se encuentran realmente en situaciones susceptibles de constituir abuso?
¿Y qué solución concreta se propone para ellas?
Estas preguntas necesitan respuestas.
De las plazas a las personas
Durante demasiado tiempo, el debate sobre la temporalidad en las Administraciones Públicas se ha construido alrededor de cifras, porcentajes, ofertas de empleo público y plazas de estabilización.
Pero detrás de cada plaza existe una persona.
Empleadas y empleados públicos que trabajan diariamente en ayuntamientos, hospitales, centros educativos, universidades, servicios sociales, diputaciones, administraciones autonómicas y numerosos servicios esenciales.
Muchas de estas personas llevan años desarrollando funciones estructurales mientras mantienen una relación temporal con la Administración.
Por eso, solucionar el abuso de temporalidad no puede consistir únicamente en conseguir que una estadística se aproxime a un determinado porcentaje.
Es necesario garantizar que las Administraciones respeten la normativa, que existan mecanismos suficientemente eficaces para impedir nuevos abusos y que haya consecuencias efectivas cuando estos se produzcan.
Sevilla no puede convertirse en otra estación de espera
La reunión de Sevilla abre un nuevo proceso.
Pero España lleva demasiados años abriendo procesos.
Desde SEPMA estaremos especialmente atentos al contenido del texto normativo anunciado por Función Pública y a las aportaciones que realicen las comunidades autónomas.
Analizaremos especialmente sus consecuencias para el personal funcionario interino y el personal laboral temporal, así como su repercusión sobre las empleadas y los empleados públicos de Andalucía y de las entidades locales de la provincia de Málaga.
Seguiremos también las actuaciones de la Comisión Europea y las iniciativas promovidas por plataformas, asociaciones y organizaciones sindicales que reclaman una solución efectiva al abuso de temporalidad.
Europa espera respuestas.
Las personas afectadas llevan años esperándolas.
La reunión de Sevilla debe servir para pasar de los documentos de trabajo a las medidas concretas.
Porque prevenir el abuso del futuro es imprescindible.
Pero dar una respuesta efectiva al abuso ya producido continúa siendo una obligación pendiente.
SEPMA – Sindicato de Empleados y Empleadas Públicos de Málaga
Jésica Perez