El Estatuto del Becario sigue bloqueado dos años después del acuerdo inicial

La regulación de las prácticas no laborales continúa pendiente a pesar de haberse alcanzado un acuerdo hace casi dos años. Desde la reforma laboral de 2021, uno de los compromisos adquiridos era regular este tipo de prácticas, fundamentales para garantizar la protección de los/las estudiantes en su incorporación al mundo laboral.

El acuerdo inicial sobre el Estatuto del Becario se presentó en junio de 2023, pero su desarrollo normativo no ha avanzado de manera significativa. Tras varios intentos por alcanzar el consenso con todas las partes implicadas, incluyendo representantes empresariales y académicos, la norma quedó en punto muerto.

La situación se complicó aún más con la convocatoria de elecciones generales, que paralizó el proceso. No fue hasta octubre de 2024 cuando el Ministerio de Trabajo publicó el borrador en el portal de Transparencia para recoger aportaciones. Desde entonces, no se ha producido ningún avance público significativo en la tramitación.

Pese a todo, el proyecto sigue en la hoja de ruta normativa del Gobierno para este 2025. El Estatuto está previsto que se regule mediante un Real Decreto, aunque la opción inicial era aprobarlo como Real Decreto-ley. Esta modificación del procedimiento supone alargar los plazos de tramitación, especialmente en el contexto político actual.

Entre las medidas contempladas en el texto inicial se incluían aspectos relevantes como la compensación de gastos a los estudiantes por acudir a las prácticas (transporte, dietas…), la limitación de las horas extraordinarias a 480 por año y la imposición de sanciones económicas a las empresas que utilicen prácticas para cubrir puestos de trabajo estructurales.

A pesar de que esta regulación es clave para delimitar qué se considera beca y qué un puesto laboral encubierto, su aprobación sigue bloqueada por cuestiones políticas y de consenso social.

Desde SEPMA reclamamos que se desbloquee cuanto antes esta normativa que afecta de manera directa a miles de estudiantes y futuros profesionales del sector público, quienes merecen desarrollar sus prácticas con plenas garantías y derechos.

Fuente: elEconomista.es