SEPMA advierte de que responder llamadas, correos o mensajes fuera de la jornada no puede normalizarse como una obligación invisible. El derecho al descanso también forma parte de la salud laboral y de la calidad del empleo público.
La desconexión digital vuelve a situarse en el centro del debate laboral. Según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España 2026, elaborado por Edenred y difundido por distintos medios especializados, el 81,6% de los profesionales en España atiende llamadas o mensajes de trabajo fuera de su horario laboral, frente al 65% registrado el año anterior. El dato confirma un empeoramiento claro de la cultura laboral del descanso y evidencia que la disponibilidad permanente sigue muy presente en muchos centros de trabajo.
El informe señala además que un 19,7% de las personas trabajadoras reconoce atender comunicaciones laborales de forma frecuente, incluso durante sus vacaciones; un 30,5% lo hace con cierta regularidad fuera del horario habitual; y un 31,4% afirma hacerlo en ocasiones puntuales. Solo el 18,4% asegura no tener que responder llamadas ni mensajes fuera de su jornada o durante sus periodos de descanso.
En Andalucía, la situación resulta especialmente preocupante. Los datos difundidos sitúan a nuestra comunidad autónoma como la que presenta mayor falta de desconexión digital, con un 83% de profesionales que reconoce atender llamadas o mensajes laborales fuera de su jornada en algún momento.
Un problema que también afecta al empleo público
Aunque muchas veces se habla de desconexión digital pensando en el sector privado, esta problemática afecta también de lleno al empleo público. En las Administraciones Públicas se ha extendido el uso de correos electrónicos, teléfonos corporativos, aplicaciones de mensajería, grupos de WhatsApp, plataformas internas, sistemas de gestión electrónica y avisos fuera del horario ordinario.
Esta realidad puede ser especialmente intensa en determinados servicios municipales, provinciales, sanitarios, sociales, administrativos, técnicos, de mantenimiento, emergencias, informática, atención ciudadana, gestión de personal o puestos con responsabilidad organizativa.
Para SEPMA, la cuestión de fondo es clara: la vocación de servicio público no puede confundirse con disponibilidad ilimitada. El compromiso profesional no puede utilizarse para ampliar la jornada de forma encubierta ni para trasladar a la plantilla una presión permanente fuera de su horario de trabajo.
La desconexión digital es un derecho reconocido por ley
El derecho a la desconexión digital no es una recomendación ni una cuestión de buena voluntad. Está reconocido expresamente en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que establece que las personas trabajadoras y los empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital para garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto a su descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar.
En el caso del personal laboral, el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores también reconoce el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, a la desconexión digital y a la protección frente al uso de sistemas de videovigilancia y geolocalización en los términos previstos por la normativa de protección de datos.
Por tanto, este derecho alcanza tanto al personal laboral como al personal funcionario y estatutario, sin perjuicio de las particularidades propias de cada régimen jurídico. En el ámbito público, además, debe conectarse con la prevención de riesgos laborales, la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación, la salud psicosocial y la obligación de las Administraciones de organizar adecuadamente sus servicios.
No todo puede justificarse por “necesidades del servicio”
Uno de los principales problemas en las Administraciones Públicas es el uso excesivamente amplio de la expresión “necesidades del servicio”. Este concepto no puede servir para justificar una disponibilidad permanente, informal y no compensada.
Las situaciones excepcionales deben estar reguladas. Si un servicio requiere guardias, localización, disponibilidad, atención de emergencias o intervención fuera de jornada, debe establecerse mediante los instrumentos legales correspondientes, con criterios claros, planificación previa, compensación adecuada y respeto a la normativa aplicable.
Lo que no resulta aceptable es que la disponibilidad se imponga de hecho mediante mensajes fuera de horario, llamadas en días libres, correos durante vacaciones o grupos de mensajería donde la plantilla siente la obligación de contestar para evitar problemas, reproches o una mala valoración profesional.
La desconexión digital implica que, finalizada la jornada, la persona trabajadora no debe verse obligada a seguir pendiente del móvil, del correo o de comunicaciones internas, salvo que exista un régimen formal de disponibilidad, guardia o urgencia debidamente regulado.
Riesgos para la salud laboral
La falta de desconexión digital no es una cuestión menor. La hiperconectividad prolongada aumenta la presión psicológica, dificulta el descanso real y puede contribuir al estrés, la ansiedad, la fatiga mental, los problemas de sueño y el desgaste profesional.
El problema no termina en la esfera individual. En el empleo público, una plantilla agotada, sometida a presión constante o pendiente del teléfono fuera de su jornada ve afectada su salud y también su capacidad para prestar servicios públicos con calidad.
Una Administración que no respeta los tiempos de descanso deteriora sus propias plantillas y debilita el funcionamiento ordinario de los servicios que recibe la ciudadanía.
La digitalización no puede convertirse en jornada encubierta
La implantación de herramientas digitales en las Administraciones Públicas ha permitido agilizar trámites, mejorar comunicaciones internas y facilitar nuevas formas de organización. Pero la digitalización no puede convertirse en una vía para extender la jornada más allá de sus límites.
El correo electrónico corporativo, el teléfono móvil, las aplicaciones de mensajería o las plataformas internas deben tener reglas claras de uso. La disponibilidad tecnológica no equivale a disponibilidad laboral. Que una persona pueda recibir un mensaje no significa que tenga obligación de responderlo fuera de su jornada.
En este punto, SEPMA considera especialmente preocupante el uso informal de grupos de WhatsApp para comunicar instrucciones, cambios de turno, incidencias, avisos o encargos de trabajo fuera del horario laboral. Estos canales, cuando no están regulados, pueden generar inseguridad, presión y una sensación permanente de vigilancia o dependencia del teléfono personal.
Qué debería hacer cada Administración
Las Administraciones Públicas deben pasar de las declaraciones genéricas a medidas concretas. No basta con reconocer el derecho a la desconexión digital en abstracto. Hay que garantizarlo en la práctica.
Cada Administración debería aprobar y negociar con la representación sindical un protocolo de desconexión digital que incluya, al menos, los siguientes puntos:
- franjas horarias en las que no deben enviarse comunicaciones ordinarias;
- prohibición de exigir respuesta fuera de jornada, permisos, vacaciones o descansos;
- regulación clara de los canales oficiales de comunicación;
- limitación del uso de grupos de mensajería instantánea;
- criterios para distinguir urgencias reales de comunicaciones ordinarias;
- compensación y regulación de guardias, localizaciones o disponibilidades cuando existan;
- formación para mandos, responsables de servicio y personal directivo;
- medidas de prevención de riesgos psicosociales vinculadas a la hiperconectividad;
- garantía de que no habrá represalias ni valoraciones negativas por ejercer el derecho a desconectar.
Recomendaciones prácticas para el personal empleado público
SEPMA recomienda que, ante comunicaciones reiteradas fuera de horario, se actúe con prudencia y se deje constancia de la situación.
Es importante diferenciar una incidencia puntual de una práctica habitual. Si los mensajes, llamadas o correos fuera de jornada se repiten, resulta recomendable guardar evidencias, revisar si existe instrucción formal, comprobar si hay régimen de guardia o disponibilidad y trasladar la situación a la representación sindical.
También debe evitarse que el teléfono personal se convierta en herramienta ordinaria de trabajo, salvo que exista una regulación expresa. Las instrucciones de servicio deben canalizarse por medios oficiales, dentro de la jornada y con respeto a los derechos de descanso.
Cuando una Administración necesite cubrir incidencias urgentes, debe organizar los servicios con planificación, bolsas, turnos, guardias o mecanismos regulados, no mediante disponibilidad informal de la plantilla.
Un derecho que debe aplicarse, no solo reconocerse
El derecho a la desconexión digital debe aplicarse de forma real en todas las Administraciones Públicas. No puede quedar reducido a una declaración formal en la normativa o en los planes internos.
El empleo público necesita plantillas suficientes, organización adecuada y respeto a los tiempos de descanso. La falta de personal, la mala planificación o la acumulación de tareas no pueden trasladarse a las personas trabajadoras mediante llamadas, correos o mensajes fuera de su jornada.
La cultura de estar siempre disponible es una forma silenciosa de precarización. Amplía la jornada sin reconocerla, invade la vida personal y familiar, dificulta la conciliación y deteriora la salud laboral.
Por ello, SEPMA reclama:
- protocolos reales de desconexión digital en las Administraciones Públicas;
- negociación sindical de las reglas de comunicación interna;
- respeto efectivo a jornadas, descansos, permisos y vacaciones;
- regulación y compensación de cualquier disponibilidad fuera de jornada;
- prevención de riesgos psicosociales derivados de la hiperconectividad;
- plantillas suficientes para evitar que la falta de personal se cubra con disponibilidad permanente.
La digitalización debe servir para mejorar los servicios públicos, no para convertir cada móvil en una extensión del puesto de trabajo. Defender la desconexión digital es defender la salud laboral, la conciliación y la dignidad del empleo público.
Jésica Perez