La coalición “Líneas Rojas Innegociables” ha registrado un escrito dirigido a la Comisión Europea en el que solicita que no se amplíen los plazos y que el procedimiento INFR(2014)4334 sea remitido al TJUE
SEPMA continúa apoyando las acciones impulsadas por plataformas, asociaciones, sindicatos y colectivos de personas afectadas por el abuso de temporalidad en el empleo público. En esta ocasión, la coalición “Líneas Rojas Innegociables” ha dado un nuevo paso institucional con el registro oficial y envío a la Comisión Europea de un escrito en el que solicita que no se conceda a España una nueva prórroga en el procedimiento de infracción INFR(2014)4334.
La acción se produce después de que el Gobierno haya solicitado a Bruselas más tiempo, hasta el 27 de marzo de 2027, para adoptar medidas frente al abuso de temporalidad en el sector público. Esta petición llega tras expirar el plazo fijado por la Comisión Europea, que había requerido a España una respuesta efectiva antes del 29 de junio de 2026.
Desde SEPMA consideramos que esta nueva iniciativa de las plataformas y organizaciones afectadas es necesaria, legítima y coherente con la posición que venimos defendiendo: más tiempo no puede significar más ceses, más incertidumbre y más ausencia de reparación.
Un escrito para pedir que la Comisión no acepte la prórroga
El documento registrado ante la Comisión Europea solicita de forma expresa que no se conceda a España la prórroga solicitada hasta el 27 de marzo de 2027, ni ninguna otra, y que el procedimiento de infracción sea remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin más demora.
También reclama que se mantenga la suspensión de los 626 millones de euros vinculados al Hito 144 hasta que se verifique un cumplimiento real, y no meramente formal, de la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.
El escrito recuerda que el procedimiento INFR(2014)4334 se inició mediante carta de emplazamiento el 26 de febrero de 2015 y que, más de once años después, la Comisión remitió a España un dictamen motivado el 29 de abril de 2026, otorgando un plazo de dos meses que expiró el 29 de junio sin una medida legislativa efectiva.
Para las organizaciones firmantes, una nueva ampliación no sería un simple trámite administrativo. Cada mes adicional puede suponer nuevos ceses, nuevas situaciones de precariedad, más litigiosidad y más tiempo sin una reparación real para personas que llevan años, e incluso décadas, sosteniendo servicios públicos esenciales.
El 8 de julio, nueva reunión de Función Pública con comunidades autónomas y FEMP
La acción registrada ante la Comisión Europea cobra especial relevancia porque el próximo 8 de julio está prevista en Santander una reunión de Función Pública con comunidades autónomas y la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, entidad que representa a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales, para abordar posibles medidas frente a la temporalidad en el sector público. La convocatoria de esta reunión y la solicitud de prórroga hasta marzo de 2027 han sido recogidas por distintos medios de comunicación.
Desde SEPMA advertimos de que cualquier propuesta que pueda salir de esa reunión debe nombrar el problema con claridad: abuso de temporalidad en el empleo público. No basta con hablar de reducción de tasas, estabilización de plazas o ajustes administrativos. La cuestión central es si se va a reparar a las personas afectadas, sancionar a las Administraciones incumplidoras y establecer garantías reales para que el abuso no vuelva a repetirse.
El Gobierno puede presentar “algo” a Europa, pero ese “algo” no será suficiente si no cumple los estándares exigidos por el Derecho de la Unión: medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.
La Comisión Europea ya ha advertido a España
La Comisión Europea decidió enviar a España un dictamen motivado dentro del procedimiento INFR(2014)4334 por no proteger suficientemente al personal del sector público frente al uso abusivo de sucesivos contratos o relaciones de duración determinada. La propia Comisión señaló que España debía adoptar las medidas necesarias y que, de no hacerlo, podía llevar el asunto ante el TJUE.
Además, el debate jurídico se ha intensificado tras la sentencia Obadal, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a cuestionar la suficiencia de las medidas españolas frente al abuso de temporalidad en el sector público. El escrito registrado por la coalición “Líneas Rojas Innegociables” sitúa esta sentencia como uno de los últimos hitos del marco jurídico europeo que debe condicionar cualquier respuesta del Gobierno.
En este contexto, Law&Trends ha publicado nuevos análisis sobre la prórroga solicitada por el Gobierno y el riesgo de seguir utilizando al personal interino y temporal como pieza administrativa y política, sin una solución jurídica real.
Una acción colectiva y también individual
Junto al registro oficial del escrito por parte de la coalición “Líneas Rojas Innegociables”, las plataformas están impulsando también una acción de apoyo individual para que las personas afectadas puedan remitir el documento a la Comisión Europea a título personal.
Desde SEPMA animamos al personal público afectado por el abuso de temporalidad a informarse y participar en esta acción si así lo desea. La fuerza de esta reivindicación está precisamente en la suma de voces: organizaciones, sindicatos, plataformas y personas afectadas trasladando a Europa una misma idea clara: no más prórrogas sin reparación.
Quienes quieran sumarse a esta iniciativa pueden ponerse en contacto con SEPMA, con su sección sindical o con cualquiera de las organizaciones, sindicatos o plataformas firmantes, donde se les facilitará la información necesaria y el modelo correspondiente para participar en la acción.
No se trata de esperar más: se trata de reparar
El escrito registrado ante la Comisión Europea insiste en que la situación ya no puede contemplarse solo desde una perspectiva procedimental. Detrás de cada ampliación de plazo hay personas concretas cuyos derechos siguen sin una tutela efectiva después de años de abuso, litigios, ceses, costes judiciales e incertidumbre laboral.
Desde SEPMA compartimos plenamente ese enfoque. El abuso de temporalidad en el empleo público no puede resolverse con más tiempo si ese tiempo no se utiliza para aprobar una norma que reconozca el abuso, repare a las personas afectadas, garantice estabilidad real y establezca responsabilidades para que las Administraciones no vuelvan a utilizar la temporalidad como forma ordinaria de gestión.
Las personas afectadas ya han esperado demasiado. Han sostenido servicios públicos esenciales, han acudido a los tribunales, han denunciado ante instituciones europeas y han participado en movilizaciones durante años. Ahora corresponde a las instituciones actuar.
SEPMA seguirá apoyando las acciones en defensa del personal público en abuso
SEPMA seguirá informando y apoyando las acciones que las plataformas, asociaciones, sindicatos y colectivos de personas afectadas impulsen en defensa del cumplimiento del Derecho europeo.
La unidad sigue siendo imprescindible. Lo fue en el registro del documento de Líneas Rojas en el Congreso y lo vuelve a ser ahora ante la Comisión Europea. El objetivo es el mismo: que la respuesta del Estado no sea un nuevo aplazamiento, sino una solución legal real.
Desde SEPMA lo decimos con claridad:
No más prórrogas sin reparación.
No más ceses sin solución.
No más abuso de temporalidad en el empleo público.
Frente al aplazamiento, cumplimiento europeo. Frente al abuso, reparación. Frente a la precariedad, #FijezaYa.
Fuentes de interés
Análisis sobre la prórroga solicitada a Bruselas y el abuso de temporalidad en el empleo público.
Ester Sánchez Sánchez 
Comunicaciones SEPMA