Una nueva sentencia judicial vuelve a poner el foco en el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas de nuestra provincia. El Tribunal de Instancia de Málaga ha condenado al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con 69.546,97 euros a una profesional de Trabajo Social tras declarar su despido improcedente y reconocer que su contratación se realizó en fraude de ley.
La resolución judicial, procedente de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Málaga, confirma una realidad que desde SEPMA llevamos años denunciando: la utilización sistemática de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales y permanentes de los servicios públicos.
19 años de contratos temporales en el mismo puesto
La persona afectada prestó servicios durante casi dos décadas en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, desde 2005 hasta 2024, encadenando contratos temporales por obra y servicio.
La sentencia destaca que:
- Desempeñó sus funciones de forma continuada en el mismo departamento.
- Apenas existieron interrupciones relevantes en la relación laboral.
- El último contrato debía haber tenido carácter fijo o, al menos, indefinido no fijo.
Además, el contrato fue extinguido antes de los tres años para evitar su consolidación, lo que el tribunal considera que no constituye causa legal de extinción, calificando el despido como improcedente.
Indemnización sí, estabilidad no: el problema de fondo
Según la información publicada sobre la resolución judicial, al haber obtenido posteriormente una plaza como personal funcionario de carrera y no ser posible la readmisión, la persona afectada optó por la indemnización correspondiente, fijada en cerca de 70.000 euros.
Desde SEPMA insistimos en que estas sentencias vuelven a evidenciar el verdadero problema estructural: la respuesta judicial continúa siendo la indemnización, cuando el origen del conflicto es el fraude en la temporalidad.
La Administración ha utilizado durante años contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. Y cuando la justicia reconoce el fraude, la solución sigue siendo económica, no estructural.
La postura de SEPMA: la solución es la fijeza
Para nuestro sindicato, esta sentencia confirma lo que llevamos años defendiendo:
- No se trata de casos aislados.
- No se trata de situaciones puntuales.
- Se trata de un modelo de contratación abusivo que precariza el empleo público y debilita los servicios.
La indemnización no repara el daño al sistema ni evita que el problema se repita. La verdadera solución pasa por el reconocimiento de la fijeza como sanción al abuso de temporalidad, en línea con la doctrina europea sobre el uso fraudulento de contratos temporales en el sector público.
Una realidad que se repite en toda la administración
Este caso vuelve a demostrar que la temporalidad abusiva no es una excepción, sino una práctica estructural que afecta a miles de personas empleadas públicas.
Desde SEPMA seguiremos defendiendo la estabilidad en el empleo público, la calidad de los servicios a la ciudadanía y el cumplimiento de la legalidad frente al fraude en la contratación.
Porque detrás de cada sentencia hay años de precariedad que nunca debieron producirse.
Fuente: Málaga Hoy. “El Ayuntamiento de Málaga condenado a pagar a una trabajadora por despido improcedente”.
Jésica Perez