Los datos del tercer trimestre de 2026 sitúan la temporalidad pública en torno al 27,3 %, mientras el número total de personas empleadas en el sector público alcanza los 3,74 millones. El nuevo incremento evidencia que los procesos de estabilización no han solucionado el problema estructural.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística el 27 de octubre, vuelven a mostrar la elevada temporalidad existente en el empleo público español.
El sector público alcanza las 3.736.800 personas ocupadas, tras incorporar 89.900 durante el trimestre. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de una mejora equivalente en la estabilidad de las plantillas.
Más de una cuarta parte del empleo público es temporal
Los datos detallados de la EPA sitúan en aproximadamente 1.020.400 el número de personas asalariadas del sector público con contrato o relación temporal. Esto representa una tasa cercana al 27,3 %.
La temporalidad habría aumentado en unas 23.200 personas respecto al trimestre anterior y en aproximadamente 65.800 durante el último año. Por tanto, más de una de cada cuatro personas asalariadas del sector público continúa trabajando sin una relación estable.
Estas cifras ponen de manifiesto que el crecimiento del empleo público sigue apoyándose parcialmente en nombramientos interinos y contratos temporales. También demuestran que los procesos extraordinarios de estabilización desarrollados durante los últimos años no han impedido que las administraciones vuelvan a generar temporalidad.
Un problema que afecta a las plantillas y a los servicios públicos
La temporalidad prolongada no solo genera inseguridad para las personas afectadas. También dificulta la planificación de los recursos humanos, provoca pérdida de experiencia cuando se producen ceses e incrementa la sobrecarga de los equipos permanentes.
Cuando puestos necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios se cubren durante años de manera temporal, resulta evidente que no se está atendiendo una necesidad ocasional, sino una necesidad estructural de la Administración.
La tasa recogida en la EPA no coincide exactamente con el indicador utilizado por la Ley 20/2021, cuyo objetivo era situar por debajo del 8 % la temporalidad de carácter estructural. Son mediciones diferentes, pero la magnitud de los datos confirma que el problema está lejos de resolverse.
Función Pública estudia nuevas medidas
La publicación de la EPA coincide con nuevos contactos entre Función Pública y responsables autonómicos y locales.
Según la información de seguimiento publicada por APISCAM, el 29 de octubre estaba prevista una reunión —o diferentes encuentros bilaterales— relacionada con los trabajos de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que participan el Estado, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Entre las cuestiones analizadas figura una posible reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el nombramiento y cese del personal funcionario interino. Los trabajos deberían abordar la definición del abuso, el control de los plazos, las responsabilidades por los incumplimientos y las posibles medidas reparadoras para el personal afectado.
No obstante, todavía no se ha publicado un documento oficial con las conclusiones de los encuentros, un borrador normativo o un calendario concreto. Por tanto, no puede afirmarse que exista un acuerdo definitivo ni que se hayan aprobado nuevas sanciones.
SEPMA reclama soluciones efectivas
Desde SEPMA consideramos que el crecimiento del empleo público es necesario para reforzar los servicios, pero no puede seguir sosteniéndose sobre relaciones temporales que se prolongan durante años.
La temporalidad no es responsabilidad del personal que presta servicio en estas condiciones. Es consecuencia de una planificación deficiente, de ofertas de empleo insuficientes o tardías y del incumplimiento de los plazos por parte de las propias administraciones.
Las cifras de la EPA exigen plantillas suficientes, procesos selectivos ágiles, convocatorias periódicas, cobertura estable de las funciones estructurales, responsabilidades ante el abuso y medidas de reparación para las personas afectadas.
Que la temporalidad pública vuelva a superar el millón de personas demuestra que no bastan las reuniones ni los anuncios. Las administraciones deben concretar soluciones que impidan nuevos abusos y den una respuesta justa a quienes llevan años sosteniendo los servicios públicos desde la inestabilidad.
Comunicaciones SEPMA