La Comisión Europea está en disposición de convertir en reducción definitiva (recorte proporcional) la suspensión de 626.615.891 euros del Plan de Recuperación vinculada al hito 144, al haber transcurrido el plazo previsto en la normativa europea sin que el Estado haya acreditado una solución efectiva y disuasoria frente al abuso de temporalidad en el empleo público.
Este salto de fase es especialmente relevante porque demuestra lo que desde SEPMA venimos señalando: el fraude de la temporalidad ya no es solo un conflicto laboral que se discute en tribunales o en mesas de negociación, sino un incumplimiento europeo con impacto directo en la financiación del Estado.
De la advertencia al dinero: qué significa que la Comisión “haga efectivo” el recorte
La base legal está en el propio Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: si, tras una suspensión por hitos no cumplidos, el Estado no toma las medidas necesarias en seis meses, la Comisión debe reducir proporcionalmente la contribución financiera (tras dar audiencia al Estado).
En este caso, la Comisión adoptó el 7 de julio de 2025 la Decisión C(2025) 4643 final, relativa a España, sobre la suspensión de desembolsos posteriores del apoyo no reembolsable.
Seis meses desde esa fecha sitúan el umbral temporal en 7 de enero de 2026, momento a partir del cual la Comisión puede materializar la reducción conforme al art. 24.8 del Reglamento.
Según el análisis publicado por Law & Trends (11/01/2026), la Comisión “hará efectivo” ese recorte por no haberse implantado una sanción real al abuso de temporalidad.
La clave jurídica: el “hito 144” exige sanción eficaz, no solo procesos selectivos
La Decisión de la Comisión detalla qué exige el hito 144: la entrada en vigor de un acto legislativo con medidas para reducir la temporalidad y con disposiciones eficaces para prevenir y sancionar los abusos, aplicable a administraciones estatales, autonómicas y locales.
El problema, desde la óptica europea, no es que existan convocatorias o procesos, sino si el ordenamiento español ofrece una respuesta verdaderamente disuasoria: si el abuso “sale barato”, el sistema lo seguirá produciendo.
Este es precisamente el enfoque que venimos explicando en SEPMA en nuestra cobertura:
- Bruselas retiene 1.100 millones del quinto tramo y parte del bloqueo se asocia al hito 144. (Contexto)
- El ministro comparece y elude explicar el impacto real de la suspensión ligada al abuso de temporalidad. (Seguimiento)
- La UE confirma que estabilizar sin sancionar el abuso no cierra el conflicto. (Análisis)
- 2026 arranca con Europa presionando por una “sanción efectiva” mientras miles de personas empleadas públicas siguen en el limbo. (Actualización)
España ante Europa: el recorte de fondos se suma al procedimiento de infracción
El recorte (o su materialización) no se entiende aislado: España mantiene abierto el expediente europeo por abuso de temporalidad en el sector público (procedimiento de infracción INFR(2014)4334), que continúa bajo análisis de la Comisión. En documentación difundida en SEPMA se recoge que, si las medidas del Gobierno no se ajustan a la Directiva, los siguientes pasos pueden incluir dictamen motivado y, eventualmente, multa coercitiva en sede del TJUE.
En paralelo, la vía judicial europea sigue elevando el estándar. SEPMA ha venido informando sobre el asunto Obadal y su impacto:
- Vista ante el TJUE del asunto Obadal (junio 2025).
- Conclusiones del Abogado General (octubre 2025), con implicaciones sobre la sanción frente al abuso.
Qué cambia ahora: “condicionalidad europea” y presión real
La escena actual es clara:
- La Comisión ya consideró que el hito 144 no está satisfecho en términos de efectividad.
- La normativa europea establece el salto de suspensión → reducción proporcional si no se adoptan medidas en seis meses.
- Con el plazo transcurrido desde la Decisión de 7/07/2025, el Estado entra en un terreno de mayor coste: no es solo reputación o litigiosidad, es impacto económico directo sobre desembolsos.
Posición de SEPMA: sin sanción efectiva, el abuso se perpetúa
Desde un enfoque sindical, la conclusión es inequívoca: si el ordenamiento no sanciona el abuso de forma efectiva y disuasoria, el abuso se cronifica. Y cuando se cronifica:
- se precarizan trayectorias laborales,
- se deteriora la planificación de plantillas,
- y se resiente la calidad del servicio público.
Por eso SEPMA seguirá exigiendo una solución que cumpla el estándar europeo: medidas realmente disuasorias, reparación efectiva y estabilidad para quienes llevan años en abuso, sin trasladar el coste del fraude a la parte más débil.
Para ampliar contexto (enlaces SEPMA):
- Bruselas retiene 1.100 millones por incumplimientos de hitos (10/07/2025)
- Comparecencia del ministro y omisiones sobre el bloqueo (25/07/2025)
- Debate Ley Función Pública (15/09/2025)
- Moción sobre fijeza (19/10/2025):
- Moción divide al Congreso (28/10/2025)
- La UE confirma la insuficiencia de estabilizar sin sanción (26/12/2025)
- 2026 y el abuso de temporalidad (07/01/2026)
Fuente: Law & Trends, Comision Europea
Comunicaciones SEPMA