Durante su intervención, evitó mencionar la suspensión de más de 1.100 millones de euros en fondos europeos por parte de la Comisión Europea, de los cuales 626 millones se deben al incumplimiento del hito 144, relacionado con la reducción efectiva de la temporalidad en el sector público.
El pasado 17 de julio, el ministro de Economía compareció en la Comisión Mixta Congreso-Senado para informar sobre el estado del Plan de Recuperación.
¿Por qué se han suspendido los fondos?
Porque ni el Real Decreto-ley 14/2021 ni la Ley 20/2021 contienen medidas reales y efectivas para sancionar el abuso de la temporalidad, según las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
¿Qué dice Europa?
- El TJUE ha sentenciado que los procesos de estabilización abiertos (como los de las leyes 2021, 2017 y 2018) no son sanción válida frente al abuso.
- La única sanción efectiva sería una fijeza directa o una indemnización suficientemente disuasoria.
- La Comisión Europea ha reabierto el procedimiento de infracción contra España (INFR(2014)4334) por no cumplir la Directiva europea sobre abuso de temporalidad.
¿Qué plantea ahora el Gobierno?
El ministro de Economía afirmó que las medidas para corregir esta situación:
- Se incluirán en la nueva Ley de Función Pública, en tramitación.
- También se contemplan en la reforma de la carrera judicial y fiscal.
- La Ponencia parlamentaria de la ley se reactivará en septiembre.
De momento, no se contempla ni indemnizar adecuadamente ni reconocer la fijeza como sanción individual al abuso.
¿Qué significa esto para las personas trabajadoras?
Miles de personas siguen en abuso de temporalidad sin protección real.
Las “estabilizaciones” actuales no cumplen con lo exigido por el TJUE.
El Estado español arriesga más sanciones y pérdida de fondos si no adapta la legislación.
La Comisión Europea exige reformas reales, no maquillaje legal.
SEPMA defiende que:
- La ley debe incluir sanciones eficaces al abuso,fijeza del empleado/a como sanción al incumplimiento de la ley y perjuicio de las personas.
- El personal en abuso tiene derecho a soluciones que reparen y disuadan.
- Seguiremos exigiendo en todas las mesas que se aplique el criterio del TJUE.
- Hay que vigilar el contenido real de la futura Ley de Función Pública: no aceptaremos parches.
🔗 Fuente original:
APISCAM – 18/07/2025
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