Conclusiones del Abogado General de la UE: la fijeza, única vía conforme con la normativa comunitaria

Claves jurídicas destacadas del informe del Abogado General

 El pasado 9 de octubre de 2025, el Abogado General de la Unión Europea presentó sus conclusiones en el asunto C‑418/24 (Obadal), a petición del Tribunal Supremo español, con una posición clara: la única medida sancionadora que cumple con el Derecho Comunitario frente al abuso de la temporalidad en el sector público es la conversión directa en empleo fijo.

Desde SEPMA valoramos este pronunciamiento como un punto de inflexión en la lucha contra la precariedad laboral en las administraciones públicas. A continuación, compartimos el análisis elaborado por el abogado Javier Arauz, parte fundamental en esta causa ante el TJUE, junto con nuestra visión sindical:

Claves jurídicas destacadas del informe del Abogado General (resumen de Javier Arauz)

1. España incumple la Directiva 1999/70/CE
   El Abogado General afirma que la legislación española no contiene mecanismos reales y eficaces para sancionar el abuso de contratos temporales en el sector público. Por tanto, la única opción válida es transformar esas relaciones en fijas, aunque ello contradiga ciertos principios constitucionales si no existen otras sanciones efectivas.
   
2. Las medidas actuales no sirven
   Ni los procesos de estabilización, ni las indemnizaciones, ni las responsabilidades administrativas abstractas constituyen sanciones adecuadas. Todas fallan en el objetivo de prevenir y sancionar la temporalidad abusiva.
   
3. Riesgo de sanciones europeas
   La Comisión Europea podría imponer multas a España por 23 años de incumplimiento sistemático de la normativa europea sobre empleo público temporal.
   
4. Requisitos de una sanción conforme a la UE
   
   • La conversión debe darse en el momento del abuso, no al despido.
     
   • las personas trabajadoras cesadas tras sufrir abuso, tienen derecho a readmisión.
     
   • No pueden limitarse las indemnizaciones, que deben ser proporcionales a la gravedad del abuso.
     
   • El modelo de persona funcionaria a extinguir (art. 87.3 EBEP) puede ser una vía válida.
     
   • La responsabilidad individual de quienes permiten el abuso debe ser exigida, no solo la institucional.
     

El posicionamiento de SEPMA: legislar la fijeza ya

Desde SEPMA reclamamos al Parlamento y al Gobierno una reacción inmediata: es hora de legislar una sanción que sea efectiva, disuasoria y proporcional, tal como exige la UE. La única medida que cumple estos requisitos es la transformación directa en relación fija, especialmente ante contratos de larga duración en fraude de ley.

Además:

• Se evitan indemnizaciones millonarias que podrían impactar en el gasto público.
  
• Se cumple con el compromiso europeo del Plan de Recuperación, que obliga a reducir la temporalidad al 8% antes de final de 2024.
  
• Se da estabilidad a los servicios públicos esenciales, como sanidad, justicia o educación.
  

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