La Administración General del Estado (AGE) se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia reciente: el relevo generacional. Casi el 50 % de la plantilla actual alcanzará la edad de jubilación en la próxima década, lo que pone en evidencia la urgencia de establecer políticas de renovación que garanticen la continuidad y calidad de los servicios públicos.
Un cuerpo envejecido y en retroceso
La estructura demográfica de la AGE revela una alarmante concentración de personas trabajadoras en las franjas de mayor edad: cerca del 60 % del personal tiene más de 50 años, mientras que quienes tienen menos de 40 no alcanzan el 20 %. Este desequilibrio no solo compromete la operatividad futura, sino que evidencia años de escasa reposición de efectivos, precariedad y falta de planificación.
En cifras, se prevé que unas 89.690 personas abandonen sus puestos antes del año 2035. Un volumen difícilmente asumible si no se adoptan medidas inmediatas que incluyan ofertas públicas de empleo estables, formación continua y procesos de acceso más ágiles y accesibles.
Desde nuestra organización sindical, alertamos sobre las consecuencias que puede acarrear una transición mal gestionada: pérdida de conocimiento institucional, sobrecarga de tareas para el personal restante, deterioro de los servicios públicos y mayor externalización de funciones esenciales.
Reivindicamos la puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces para abordar este fenómeno. Es imprescindible que las administraciones públicas, y en particular el Gobierno central, asuman su responsabilidad mediante una política de recursos humanos que priorice el empleo público de calidad y el fortalecimiento de las plantillas.
Fuente: Lavozdegalicia
Jésica Perez