La Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, ha participado en la Comisión de Coordinación del Empleo Público celebrada el 8 de julio de 2026, en el Palacio de la Magdalena de Santander, convocada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para abordar la reducción de la temporalidad en el sector público.
La convocatoria de esta reunión ya había sido anunciada por Función Pública con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el empleo público, contando con la participación de comunidades autónomas y FEMP. Según informó la propia FEMP, su director general de Organización y Recursos, Jaime Carnicero, participó en representación de la función pública local en esta reunión, en la que se abordó la reducción de la temporalidad en el sector público.
Desde SEPMA consideramos relevante que la Administración Local esté presente en este debate, porque el abuso de temporalidad no es un problema exclusivo de la Administración General del Estado ni de las comunidades autónomas. También afecta directamente a ayuntamientos, diputaciones, organismos autónomos y entidades locales, donde durante años se han mantenido plazas estructurales cubiertas mediante nombramientos o contratos temporales.
Sin embargo, la participación institucional de la FEMP debe traducirse en medidas reales, eficaces y ajustadas al Derecho de la Unión Europea. No basta con estar en la mesa: es necesario que la voz de la Administración Local sirva para impulsar soluciones concretas para las personas afectadas y para evitar que el abuso de temporalidad siga reproduciéndose en las plantillas públicas.
Líneas Rojas también estuvo presente en Santander
Junto a esta reunión institucional, representantes del movimiento Líneas Rojas Innegociables, al que SEPMA está adherido, estuvieron presentes en Santander para reivindicar una solución real al abuso de temporalidad en el empleo público.
Esta presencia vuelve a poner de manifiesto que el problema sigue abierto y que las personas afectadas continúan exigiendo respuestas. Las organizaciones adheridas a Líneas Rojas vienen reclamando que se cumpla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ponga fin al abuso de temporalidad y que se adopten medidas efectivas para reparar a quienes han sufrido durante años una situación de precariedad dentro de las propias Administraciones Públicas.
Desde SEPMA compartimos esa reivindicación. La temporalidad abusiva en el empleo público no puede seguir tratándose como un problema técnico o administrativo más. Es un problema laboral, jurídico, social y político que requiere una respuesta clara.
El problema sigue estando en la falta de solución del Gobierno
El Gobierno de España sigue teniendo sobre la mesa una cuestión que no ha resuelto: dar una solución parlamentaria, normativa y efectiva al abuso de temporalidad en el empleo público.
Las reuniones entre Administraciones pueden ser necesarias, pero no sustituyen a las decisiones políticas. Mientras no exista una reforma clara, con medidas eficaces, reparación adecuada y sanción real al abuso, las personas afectadas seguirán en una situación de incertidumbre.
Desde SEPMA entendemos que el Gobierno no puede seguir ganando tiempo mientras miles de empleados y empleadas públicas continúan esperando una respuesta. La solución no puede quedar limitada a calendarios, grupos de trabajo o nuevas reuniones después del verano. Hace falta voluntad política y una respuesta legislativa que cumpla con el Derecho de la Unión Europea.
Un calendario que se va a septiembre
Según la información publicada por APISCAM, la Comisión de Coordinación de Empleo Público se reunió el 8 de julio de 2026, a las 16:00 horas, en el Palacio de la Magdalena de Santander, con comunidades autónomas y FEMP para abordar la situación de los interinos y la reducción de la temporalidad en las Administraciones.
También se ha publicado que el calendario de trabajo quedaría aplazado hasta una próxima reunión prevista para el 24 de septiembre de 2026, lo que supone que el debate institucional se traslada, en la práctica, a después del verano.
Desde SEPMA entendemos que cualquier trabajo técnico y normativo debe hacerse con rigor, pero también advertimos de que las personas afectadas llevan años esperando una solución efectiva. Cada nuevo aplazamiento aumenta la incertidumbre y prolonga una situación que ya ha sido cuestionada por la jurisprudencia europea.
La Administración Local no puede quedar al margen
La presencia de la FEMP en esta comisión confirma algo que SEPMA viene defendiendo: las soluciones frente al abuso de temporalidad deben incluir necesariamente a la Administración Local.
En los ayuntamientos, diputaciones y entidades locales existen realidades muy diversas, pero todas comparten problemas comunes: plantillas insuficientes, plazas estructurales ocupadas de forma temporal durante años, retrasos en ofertas de empleo público, procesos de estabilización que no siempre han resuelto el abuso sufrido por las personas y falta de mecanismos eficaces para evitar que estas situaciones se repitan.
Por eso, cualquier reforma normativa debe tener en cuenta la realidad de las entidades locales. No se puede diseñar una solución general al abuso de temporalidad sin contar con quienes prestan servicios públicos de proximidad, atención directa a la ciudadanía y asistencia a municipios.
SEPMA mantiene su posición: soluciones reales, no más dilaciones
SEPMA ya ha venido informando en las últimas semanas sobre los pasos dados en relación con el abuso de temporalidad en el empleo público, la actuación de la Comisión Europea, las consecuencias de la sentencia Obadal del TJUE y las acciones conjuntas impulsadas en torno a las Líneas Rojas Innegociables.
En esa misma línea, SEPMA ha defendido que cualquier respuesta al abuso debe atender a la realidad de la relación temporal y no limitarse a etiquetas administrativas, tal y como se recogía en el análisis publicado sobre las Líneas Rojas del personal público en abuso.
El contexto actual exige responsabilidad institucional, pero también firmeza. España se encuentra bajo la presión del procedimiento europeo por el abuso de temporalidad en el sector público, y el Gobierno ha pedido más tiempo a la Comisión Europea, hasta marzo de 2027, para impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación temporal en las Administraciones Públicas.
Desde SEPMA insistimos en que la respuesta no puede limitarse a seguir ganando tiempo. La temporalidad abusiva no se corrige únicamente con reuniones, calendarios o compromisos generales. Se corrige con normas claras, sanciones efectivas al abuso, reparación adecuada para las personas afectadas y medidas preventivas que impidan que las Administraciones vuelvan a utilizar empleo temporal para cubrir necesidades estructurales.
La estabilidad también es calidad en los servicios públicos
La estabilidad en el empleo público no es solo una reivindicación laboral. Es también una garantía para la ciudadanía. Unas plantillas estables, suficientes y bien planificadas permiten prestar mejores servicios públicos, conservar experiencia profesional, evitar la rotación permanente y reforzar la atención en los municipios.
En la Administración Local, esta cuestión es especialmente importante. Los ayuntamientos y diputaciones son la primera puerta de entrada de la ciudadanía a muchos servicios públicos. Por eso, la solución al abuso de temporalidad debe llegar también al ámbito local y debe hacerlo con garantías.
Desde SEPMA seguiremos defendiendo que la Administración Local tenga voz en este debate, pero sobre todo exigiremos que esa presencia se traduzca en resultados. Las personas afectadas por el abuso de temporalidad no necesitan más aplazamientos: necesitan una solución justa, real y conforme al Derecho de la Unión Europea.
La presencia de Líneas Rojas en Santander evidencia que la movilización continúa. Y desde SEPMA lo decimos con claridad: mientras el Gobierno no dé una solución parlamentaria efectiva al abuso de temporalidad en el empleo público, el problema seguirá abierto.

