Desde SEPMA, junto al resto de secciones sindicales representativas en la Diputación Provincial de Málaga, denunciamos la grave situación que padecen los Servicios Sociales Comunitarios y exigimos una respuesta inmediata. No es un aviso “técnico” ni un problema menor de organización interna: hablamos del riesgo real para la continuidad de un servicio esencial por falta de cobertura de personal, tal y como hemos registrado esta misma semana ante recursos humanos y Presidencia de la Diputación.
En el escrito conjunto registrado, hace unos días, lo decimos sin rodeos: la carencia de personal “pone en riesgo grave el cumplimiento de las prestaciones básicas”, afecta a todos los centros, y deriva en una sobrecarga sostenida que ya está impactando en la salud laboral y aumentando el riesgo de nuevas bajas.
Málaga entera: interior y costa, municipios de menos de 20.000 habitantes
Los servicios sociales comunitarios se prestan a lo largo y ancho de toda la provincia de Málaga, atendiendo a la ciudadanía de los municipios de menos de 20.000 habitantes: todos los rincones del interior y de la costa, “sois la cara más visible de la Diputación en toda la provincia”, suelen decirnos.
Y esto no es una frase bonita: es normativa. La Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía establece expresamente que “las diputaciones provinciales gestionarán los servicios sociales comunitarios de los municipios”, y que podrán gestionarlos atendiendo a varios municipios.
Seis centros, plantillas incompletas, sustituciones que no llegan
Lo vivimos y lo hemos dejado por escrito: las plantillas de personal de estos seis centros suelen estar incompletas, no se sustituyen con premura, y pueden pasar meses sin personal técnico, que repercute negativamente en el resto del servicio. Lo que falta lo asume el resto de profesionales, llega la sobrecarga y las nuevas bajas laborales. Agravándose el problema del centro de Servicios Sociales Comunitarios
En el documento registrado se señala además un ejemplo concreto: el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Guadalhorce, donde la falta de cobertura de bajas y vacantes viene comprometiendo “desde hace meses” la continuidad, calidad y garantía de la atención, existiendo más centros en situación similar sin que desde Diputación de Málaga, haya arbitrado solución ágil, pese a peticiones reiteradas.
El esfuerzo invisible: llegar a los pueblos… y llevarse la oficina a cuestas
Cuando hablamos de “plantilla”, no hablamos solo de gente en un despacho. Hablamos de profesionales que, para llegar a los lugares más recónditos de la provincia y prestar un servicio responsable del bienestar social de la ciudadanía, hacen desplazamientos diarios que, muchas veces, son mínimo una hora de ida y otra de vuelta. Carreteras entre pueblos, rutas por la comarca, visitas a familias de un municipio a otro. Y eso ocurre en todas las estaciones del año, con todas las condiciones climáticas, con tu coche, puesto al servicio del trabajo.
Porque cada centro de Servicios Sociales Comunitarios abarca, en la práctica, una media de 10 o 15 pueblos. Se abarcan todas las comarcas, conformados en zonas básicas de Servicios Sociales tales como, Serrania de ronda, Norte-guadalteba, Guadalhorce -Sierra de las Nieves, Norte-los montes, Costa occidental y Axarquía – Costa Oriental.
Y no solo es llegar: es que vamos con la oficina a cuestas. Portátil en mano a pueblos donde a veces “el internet” se va con frecuencia. Y, aun así, hay que abrir expedientes, registrar datos, hacer comunicaciones, redactar informes, valoraciones, propuestas, derivaciones… la montaña burocrática que, si no se hace, no se tramita nada. Y si no se tramita, el recurso no llega. Y si el recurso no llega, la necesidad se queda esperando. Y aquí la necesidad no espera.
Teletrabajo: si el día es de “oficina”, ¿por qué obligarnos a hacer 200 km para teclear lo mismo?
Este es el enfoque que falta y que ya no se puede callar: hay días en los que el trabajo es burocracia pura, informes, valoraciones, registros, datos, comunicaciones. Días en los que no toca presencia en el pueblo, sino gestionar para que el recurso salga.
En esos días, con una administración moderna de verdad, el teletrabajo no sería un privilegio: sería eficacia.
Y no lo decimos porque sí. El TREBEP define el teletrabajo como prestación a distancia cuando el puesto lo permite y “siempre que las necesidades del servicio lo permitan”.
Además, obliga a que el teletrabajo contribuya a una mejor organización “a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento”.
Y establece algo clave: la Administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios.
Entonces, la pregunta es muy simple: si la norma habla de objetivos y evaluación, ¿dónde están los estudios, los indicadores, el plan y la voluntad real de hacer una gestión del siglo XXI?
Porque es difícil sostener que sea “eficiente” obligar a una persona a hacer 200 km un día de la semana para montar su oficina en un centro y pasarse la jornada tecleando lo que podría hacer con conectividad estable desde casa, con acceso seguro, sin perder tiempo ni energías en carretera. Ese tiempo y esa energía deberían ir donde hacen falta: en la intervención social, en las visitas, en la coordinación con recursos, en la presencia real en los municipios.
Y no, esto no va de teletrabajar “cuando apetece”: va de que el sistema sea más efectivo, más sostenible, y menos agresivo para la salud laboral. Justo lo que la propia norma plantea: objetivos, evaluación y organización del trabajo.
Mientras tanto, el Estado y el marco de administración electrónica vienen diciendo desde hace años que la tramitación electrónica debe ser la actuación habitual y que el uso de TIC debe servir para mejorar la eficiencia.
Si todo eso es verdad, que se note donde más falta hace.
Para quien no lo tenga claro: esto es lo que se atiende en cada pueblo
Dependencia, falta de autonomía personal, menores en riesgo, absentismo, salud mental, adicciones, discapacidad, desahucios, violencias, urgencias sociales, necesidades básicas como alimentos, suministros básicos, situaciones sobrevenidas… Coordinación con colegios, centro de salud, juzgado, fuerzas de seguridad, ayuntamientos, asociaciones, otras administraciones… Se atiende a mayores, menores, familias, personas migrantes y otros colectivos vulnerables.
Y ahora pregúntate: ¿qué pasa si el profesional que viene a tu municipio una vez por semana no puede atenderte?
¿O si no te gestionan recursos cuando lo necesitas?
¿O si cada vez es una persona distinta la que vuelve a preguntarte por lo mismo, en una situación dolorosa?
Pasa lo que está pasando: el sistema se sostiene “a parches” hasta que ya no puede más. Y ahí perdemos todos: ciudadanía y personas trabajadoras.
Lo que exigimos (y está registrado): coberturas ya, plan de cobertura y fin de los parches
En el escrito conjunto lo pedimos sin rodeos:
- Cobertura inmediata de bajas, vacantes y jubilaciones.
- Plan de cobertura para el conjunto de centros esenciales con déficit de personal.
- Cobertura urgente allí donde el riesgo es mayor (como el CSSC Guadalhorce y otros centros en situación similar).
También exigimos que se deje de cubrir puestos estructurales con fórmulas temporales cuando la necesidad es permanente, porque eso solo genera más temporalidad del empleo, discontinuidad y más desgaste.
Salud laboral, buen gobierno y transparencia
Esto no es sólo organización: es salud laboral, es buen gobierno y es transparencia. Es gestionar personal acorde a las normas que regulan el servicio, a las competencias, y al respeto debido a la ciudadanía y las personas trabajadoras.
Si la Diputación es quien gestiona este servicio en los municipios menores, entonces debe dotarlo como lo que es: un servicio básico, esencial y territorialmente exigente, que se sostiene con personas que no solo atienden: se desplazan, conectan pueblos, visitan domicilios y cargan con la realidad social de la provincia entera.
Y por eso estamos aquí, desde SEPMA reivindicamos y exigimos lo mínimo que se le debe a un sistema público: plantillas completas, coberturas ágiles y una gestión seria. Porque sin personal, sin sustituciones y sin estabilidad, lo que se pierde no es un trámite: se pierde la atención digna.
Comunicaciones SEPMA