La Comisión Europea ha autorizado el quinto tramo de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que asciende a 24.137 millones de euros. Sin embargo, ha retenido aproximadamente 1.100 millones debido a la falta de cumplimiento de varios compromisos asumidos por el Estado español.
Entre los incumplimientos, destaca de manera preocupante la ausencia de una reforma real y efectiva para corregir la elevada tasa de temporalidad en el empleo público, una situación que afecta de forma estructural a miles de trabajadoras y trabajadores del sector público.
Esta decisión fue publicada por diversos medios, entre ellos La Vanguardia (7 de julio de 2025), que detalló los tres principales hitos pendientes: reforma fiscal ambiental, estabilización del personal público interino y digitalización de las administraciones regionales y locales.
La temporalidad: una urgencia ignorada
Desde SEPMA, sindicato independiente del personal empleado público de la provincia de Málaga, volvemos a denunciar que la precariedad laboral en el sector público se ha convertido en una anomalía estructural, contraria tanto al derecho comunitario como a la dignidad de miles de profesionales que sostienen los servicios públicos con contratos temporales encadenados durante años.
Este retraso legislativo y político no es técnico, es ideológico. La falta de una respuesta decidida para estabilizar al personal interino —en su mayoría mujeres, en sectores clave como la sanidad, la educación y la atención social— perpetúa la discriminación y vulnera el principio de igualdad en el acceso y mantenimiento del empleo público.
El recorte parcial de Bruselas no es solo una advertencia financiera, es una llamada de atención sobre una deuda social pendiente. No se puede modernizar la administración pública ni garantizar una gestión eficiente de los fondos europeos mientras se mantiene a una parte esencial de su plantilla en situación de precariedad permanente.
Exigencias desde SEPMA
Desde SEPMA, alzamos la voz por la dignidad de quienes aún sostienen el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de precariedad y vulneración de derechos. Exigimos con urgencia:
- La conclusión inmediata y eficaz de los procesos de estabilización del personal temporal, que deberían haber culminado en diciembre 2024. Sin embargo, estos procesos han resultado claramente insatisfactorios: muchas personas no han podido acceder a una plaza fija debido a una implantación deficiente, limitada y excluyente, que no ha respondido al verdadero volumen del abuso de la temporalidad acumulado durante años. Esta falta de ambición y voluntad política ha permitido que miles de empleadas y empleados públicos sigan encadenando contratos temporales, en abierta situación de fraude de ley, mientras sufren el maltrato institucional por parte de las administraciones públicas españolas.
- El cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exigen sanciones efectivas frente al abuso de la contratación temporal en el sector público, así como la aplicación de la única sanción justa y disuasoria contra ese fraude de ley: la fijeza en el puesto de trabajo para las personas afectadas. La justicia europea ha sido clara al respecto, y es deber del Estado español cumplir con las directivas comunitarias, garantizando que ninguna trabajadora ni trabajador público vea vulnerados sus derechos por prácticas sistemáticas de contratación abusiva.
Compromiso sindical
Como organización sindical comprometida con la defensa del empleo público digno, continuaremos ejerciendo presión, denunciando cada incumplimiento y acompañando a las personas afectadas en sus procesos de estabilización.
Reiteramos que no puede haber transformación real sin derechos laborales. La lucha contra la temporalidad no es solo una reivindicación sindical, es una cuestión de justicia, equidad y respeto a las trabajadoras y trabajadores que cada día sostienen la administración pública.
Jésica Perez
[…] Bruselas retiene 1.100 millones por incumplimientos de hitos (10/07/2025) […]