El incremento retributivo ya cuenta con respaldo normativo tras su publicación en el BOE, aunque todavía no se aplica en las nóminas. La norma contempla también un aumento de hasta el 4,5 % en los fondos de acción social, una medida de especial interés para la negociación colectiva en los ayuntamientos, diputaciones y demás administraciones públicas.
18 de noviembre de 2026 | SEPMA – Sindicato de Empleados Públicos de Málaga
El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 37/2026, de 17 de noviembre, que regula un incremento retributivo global máximo del 4,5 % para el personal del sector público durante 2027. La disposición, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de noviembre, establece las condiciones generales para su aplicación en las administraciones estatal, autonómica y local.
La medida se enmarca en el acuerdo plurianual de mejora del empleo público para el periodo 2025-2028 y afecta, dentro del ámbito de aplicación de la normativa, al personal funcionario, estatutario y laboral.
Sin embargo, conviene aclarar que la aprobación y publicación del real decreto-ley no significa que la subida salarial ya se esté percibiendo. La norma entrará en vigor el 19 de noviembre de 2026, mientras que el incremento tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2027.
Junto a esta actualización retributiva, el Gobierno ha incorporado una disposición de especial relevancia sindical: la posibilidad de incrementar hasta un 4,5 % las partidas destinadas a acción social, lo que ofrece una oportunidad para negociar mejoras en las prestaciones sociales del personal empleado público.
¿Cuándo será efectiva la subida salarial del 4,5 %?
El Real Decreto-ley 37/2026 establece un incremento global máximo del 4,5 % respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026, incluyendo las actualizaciones que puedan corresponder a dicho ejercicio.
Para comprender su aplicación es necesario distinguir entre la entrada en vigor de la norma, sus efectos económicos y el momento en que las cantidades se incorporen a las nóminas.
El proceso contempla las siguientes fases:
- Aprobación gubernamental: el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley el 17 de noviembre de 2026.
- Publicación oficial: la disposición se publicó el 18 de noviembre en el BOE.
- Entrada en vigor: se producirá el 19 de noviembre de 2026, conforme a su disposición final tercera.
- Convalidación parlamentaria: al tratarse de un real decreto-ley, deberá someterse al control parlamentario establecido en el artículo 86 de la Constitución Española. Este trámite no constituye un requisito previo para su entrada en vigor.
- Aplicación económica: el incremento tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027, debiendo las administraciones realizar las actuaciones necesarias para incorporarlo a sus nóminas.
El Gobierno ha anunciado que, en la Administración General del Estado, la subida se reflejará en la nómina de enero de 2027, con una previsión de aproximadamente 546.000 personas beneficiarias.
En el caso de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y demás entidades públicas, será necesario adoptar las medidas presupuestarias y administrativas correspondientes para hacer efectivo el incremento.
El porcentaje del 4,5 % debe entenderse como un límite global máximo, por lo que no implica necesariamente que todos los conceptos retributivos de cada nómina aumenten individualmente en esa misma proporción.
Desde SEPMA consideramos necesario que las administraciones públicas de la provincia de Málaga anticipen las actuaciones presupuestarias y de gestión de personal para evitar retrasos en la percepción de las cantidades que legalmente correspondan.
Los fondos de acción social podrán incrementarse hasta un 4,5 % en 2027
Uno de los aspectos de mayor interés sindical del real decreto-ley se encuentra en su artículo 1.2, que contempla la posibilidad de incrementar los gastos de acción social del personal del sector público hasta un 4,5 % en términos globales respecto a 2026, con efectos desde el 1 de enero de 2027.
La medida adquiere especial importancia porque, según la información facilitada por el Gobierno, estas partidas han permanecido congeladas durante los últimos catorce años.
La acción social comprende un conjunto de prestaciones destinadas a mejorar el bienestar del personal empleado público y atender determinadas necesidades personales y familiares.
A diferencia de las retribuciones ordinarias, estas ayudas no representan una contraprestación directa por el trabajo realizado, sino beneficios sociales vinculados a circunstancias específicas.
Los planes de acción social pueden contemplar, dependiendo de la regulación de cada administración, prestaciones como:
- Ayudas educativas: gastos escolares, estudios, formación y material educativo.
- Prestaciones sanitarias: tratamientos odontológicos, adquisición de gafas, audífonos y otras necesidades no cubiertas íntegramente por los sistemas públicos o mutualistas.
- Ayudas familiares: nacimiento, adopción y situaciones de especial necesidad.
- Apoyo a situaciones de discapacidad o dependencia: prestaciones dirigidas a atender necesidades específicas del personal o de sus familiares.
- Medidas de conciliación: ayudas para escuelas infantiles, cuidados familiares y otras actuaciones destinadas a facilitar la conciliación personal, familiar y laboral.
- Otras prestaciones sociales: ayudas extraordinarias, transporte o vivienda, cuando estén contempladas en la normativa y en los planes correspondientes.
La existencia, las cuantías y las condiciones de estas prestaciones dependen de la regulación específica de cada entidad pública, por lo que no todas las administraciones ofrecen necesariamente las mismas ayudas.
¿Significa que las ayudas individuales aumentarán automáticamente un 4,5 %?
No. La norma establece una posibilidad de incremento presupuestario, pero no impone una subida automática de todas las prestaciones individuales.
El artículo 1.2 utiliza expresamente la fórmula «podrán incrementarse», lo que permite actualizar las dotaciones destinadas a acción social dentro de los límites legales y presupuestarios aplicables.
Por ejemplo, si un ayuntamiento dispone de un fondo anual de acción social de 200.000 euros, un incremento del 4,5 % supondría una ampliación de 9.000 euros, alcanzando una dotación total de 209.000 euros.
Esta cantidad adicional podría utilizarse para mejorar las ayudas existentes, ampliar el número de personas beneficiarias o incorporar nuevas prestaciones, en función de las necesidades de la plantilla y de los acuerdos que puedan alcanzarse.
La normativa también exige que los gastos de acción social se determinen en términos homogéneos respecto al número de efectivos de personal, una cuestión importante al comparar los presupuestos de diferentes ejercicios.
La principal oportunidad sindical consiste en negociar cómo pueden aprovecharse estos recursos adicionales para mejorar las prestaciones sociales de las plantillas.
La acción social es materia de negociación colectiva
El artículo 37.1.i) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que los criterios generales de acción social son materia objeto de negociación, dentro del ámbito competencial de cada administración y con el alcance legalmente establecido.
Esta previsión reconoce el papel de la representación sindical en la definición de las condiciones generales que regulan las prestaciones sociales del personal empleado público.
La negociación puede abordar cuestiones como las cuantías de las ayudas, los requisitos de acceso, los criterios de distribución, las prioridades sociales y los procedimientos de solicitud y concesión.
En este contexto, la habilitación contemplada en el Real Decreto-ley 37/2026 ofrece una oportunidad para revisar aquellos planes de acción social cuyas prestaciones hayan quedado desactualizadas.
El incremento del coste de la vida, los gastos educativos y sanitarios o las necesidades vinculadas a los cuidados familiares son factores que pueden justificar propuestas de revisión de estos programas.
No obstante, es necesario distinguir entre el reconocimiento legal de la negociación de los criterios generales de acción social y la aprobación efectiva de un incremento presupuestario, que deberá ajustarse a las competencias y disponibilidades económicas de cada administración.
La negociación colectiva permite plantear propuestas, analizar prioridades y alcanzar acuerdos, pero no implica que todas las medidas solicitadas deban ser necesariamente aceptadas.
¿Qué posibilidades se abren para los ayuntamientos y la Diputación de Málaga?
La actualización permitida por la normativa ofrece un marco para analizar la situación de los fondos de acción social en las administraciones locales de la provincia de Málaga.
Desde SEPMA consideramos que esta cuestión debe abordarse partiendo de la realidad presupuestaria de cada entidad, especialmente en aquellas administraciones donde las cuantías de las ayudas llevan varios ejercicios sin revisarse.
En este sentido, el sindicato considera prioritarias las siguientes actuaciones:
1. Conocer las dotaciones presupuestarias existentes.
Solicitar información sobre las cantidades destinadas a acción social en los últimos ejercicios, los importes efectivamente ejecutados y las previsiones económicas para 2027.
2. Negociar la actualización de los fondos.
Plantear que las administraciones estudien la aplicación del incremento máximo permitido por la normativa, siempre que exista cobertura presupuestaria y resulte jurídicamente procedente.
3. Revisar las ayudas y prestaciones actuales.
Analizar si las cuantías de las ayudas educativas, sanitarias, familiares y de conciliación responden a las necesidades actuales del personal empleado público y proponer las mejoras correspondientes.
4. Mejorar los criterios de acceso y distribución.
Promover procedimientos transparentes, objetivos y equitativos que permitan atender las necesidades de las plantillas y evitar diferencias injustificadas entre las personas beneficiarias.
5. Evaluar la ejecución de los planes de acción social.
Examinar posibles cantidades no utilizadas, dificultades en la tramitación de solicitudes y limitaciones de las convocatorias, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos disponibles.
Estas propuestas deberán adaptarse a la situación de cada ayuntamiento, de la Diputación Provincial y de sus organismos dependientes, respetando las particularidades de sus plantillas y el marco jurídico correspondiente.
El objetivo es que la posibilidad de ampliar los fondos no quede limitada a una previsión normativa, sino que pueda trasladarse a las mesas de negociación y convertirse en mejoras sociales concretas.
Posible incremento adicional del 0,5 % correspondiente a 2026
El acuerdo plurianual de mejora retributiva del empleo público también contempla un incremento adicional del 0,5 % correspondiente al ejercicio 2026, condicionado a la evolución definitiva del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Su aplicación dependerá del cumplimiento del umbral de inflación establecido en el acuerdo, una vez confirmado oficialmente el dato correspondiente por el Instituto Nacional de Estadística.
En caso de cumplirse la condición, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y generaría las correspondientes diferencias retributivas.
El Gobierno ha previsto que su abono se produzca durante el primer trimestre de 2027, una vez conocido el dato definitivo.
Por tanto, este 0,5 % adicional no debe considerarse todavía una cantidad definitivamente reconocida y exigible, puesto que su aplicación permanece condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos.
También se actualizan las indemnizaciones por residencia
El real decreto-ley contempla igualmente la actualización de hasta un 4,5 % de determinadas indemnizaciones por residencia correspondientes al personal en activo del sector público estatal que tenga reconocido este derecho.
Se trata de compensaciones económicas vinculadas a destinos territoriales específicos, como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, de acuerdo con la regulación aplicable.
Su finalidad es compensar determinadas circunstancias asociadas al lugar de prestación de servicios.
Esta indemnización no constituye un complemento general aplicable a todo el personal empleado público y, por tanto, su actualización no supone una subida adicional para el conjunto de las plantillas de los ayuntamientos y la Diputación de Málaga.
SEPMA impulsará la revisión de los planes de acción social en las administraciones públicas de Málaga
SEPMA considera que la posibilidad de incrementar hasta un 4,5 % los fondos de acción social debe aprovecharse para promover su revisión en las mesas de negociación competentes.
El sindicato defenderá propuestas adaptadas a las necesidades de cada plantilla, con especial atención a las prestaciones que contribuyen a mejorar la economía familiar, la conciliación y la protección social.
La mejora de las condiciones laborales no depende únicamente de las retribuciones. Las ayudas sociales también constituyen una herramienta importante para atender las necesidades del personal empleado público y sus familias.
Por ello, SEPMA promoverá que esta posibilidad presupuestaria se analice y negocie con transparencia, responsabilidad y seguridad jurídica, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan mejorar las prestaciones sociales en las administraciones públicas de la provincia de Málaga.
Fuentes oficiales y referencias jurídicas
Real Decreto-ley 37/2026, de 17 de noviembre, sobre medidas retributivas del personal del sector público.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-24119
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 37.1.i), sobre negociación de los criterios generales de acción social.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-2883
Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2026. Referencia oficial del Gobierno de España.

