El año 2026 arranca con una certeza incómoda para miles de empleadas y empleados públicos: el abuso de temporalidad sigue sin una respuesta realmente disuasoria y reparadora
Tras años encadenando nombramientos y contratos en plazas estructurales, muchas personas continúan expuestas a ceses, procesos inciertos y una inseguridad vital incompatible con el propio sentido del servicio público.
En las últimas semanas, distintas voces han vuelto a situar el problema donde siempre debió estar: no es un “debate técnico”, es un incumplimiento estructural que afecta al funcionamiento de las Administraciones y a la dignidad laboral de quienes han sostenido los servicios públicos durante años. En un análisis reciente, se denuncia cómo la falta de una solución efectiva se alimenta de una dinámica institucional que termina “congelando” en la práctica lo que Europa reconoce en abstracto: que el abuso debe prevenirse y sancionarse con medidas proporcionadas y disuasorias.
Europa marca el marco: prevenir, sancionar y reparar (y no cargar el coste sobre la víctima)
La Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco obligan a los Estados a evitar el uso abusivo de relaciones temporales sucesivas y, cuando el abuso ya se ha producido, a aplicar una respuesta que sea efectiva. El TJUE lo ha recordado de forma reiterada, y en la sentencia de 22 de febrero de 2024 volvió a poner el foco en si las soluciones internas realmente cumplen esa finalidad disuasoria.
En paralelo, la Comisión Europea mantiene abiertas actuaciones sobre España en este ámbito. Documentos vinculados a peticiones en el Parlamento Europeo recogen que la posible ausencia de medidas para prevenir y penalizar el abuso se examina en el marco de un procedimiento de infracción. Y en la propia documentación de la Comisión se constata que el problema ha generado un volumen elevado de denuncias y seguimiento específico.
El “caso Obadal” y lo que viene en 2026
La clave jurídica más inmediata está en Luxemburgo: el asunto C-418/24 (Obadal). El 9 de octubre de 2025 el Abogado General presentó sus conclusiones y dejó una idea central: si un Estado prohíbe la conversión en fijo, solo podría hacerlo si ofrece alternativas equivalentes que sean efectivas y disuasorias. Y ahí está el núcleo del conflicto: si las herramientas actuales en España (procesos, figuras intermedias o compensaciones limitadas) cumplen o no ese estándar.
Además, varios medios han señalado que la sentencia del TJUE sobre este asunto se espera en 2026 (se ha citado la primavera como ventana probable), lo que vuelve a situar la pelota en el tejado del legislador y de los tribunales españoles.
Mientras tanto, en España conviven dos realidades: por un lado, el Tribunal Supremo ha venido reiterando que el abuso no puede traducirse automáticamente en fijeza por el encaje con los principios constitucionales de acceso (igualdad, mérito y capacidad). Por otro, el debate político sobre cómo “cerrar” el problema sigue abierto y se proyecta sobre la futura Ley de Función Pública y posibles enmiendas que introduzcan, por fin, un régimen sancionador real para las Administraciones que incumplen.
La propuesta que vuelve a la agenda: “punto final” y figuras de estabilidad
En este contexto, el abogado Javier Araúz —una de las voces más conocidas en esta materia— ha defendido que 2026 debería ser el año de una solución legislativa de “punto final” para un problema que, según distintas estimaciones difundidas en medios, afecta a cientos de miles de personas y pone en riesgo la continuidad y la calidad de los servicios públicos.
En el debate público aparecen fórmulas como la del “fijo a extinguir” u otras figuras equiparables que intentan compatibilizar el mandato europeo (sanción efectiva del abuso) con el marco interno. Y aquí conviene subrayar lo esencial: lo que Europa exige no es un nombre concreto, sino una sanción real que no convierta a la víctima del fraude en quien paga el precio del incumplimiento.
La posición de SEPMA: sanción efectiva = estabilidad real (y no “parches”)
SEPMA lo viene defendiendo de forma constante: el abuso de temporalidad es fraude de ley y debe tener una respuesta proporcionada, disuasoria y reparadora, alineada con el Derecho de la Unión. En nuestros análisis y posicionamientos recientes, hemos sido claros: soluciones basadas en indemnizaciones limitadas o “estabilizaciones” que no sancionan el abuso no cumplen el estándar europeo ni aportan justicia a quienes han sostenido los servicios públicos durante años.
Ese enfoque no es retórico: SEPMA se ha implicado en la vertiente social y colectiva de esta lucha, apoyando movilizaciones y coordinándose con plataformas y espacios de defensa del personal en abuso. Y, además, de dar difusión al análisis constante, con una idea básica: sin sanción y reparación, el abuso se perpetúa.
Qué significa esto para quienes siguen en abuso (y qué recomendamos hacer)
A comienzos de 2026, el mensaje para las personas afectadas debe ser doble:
1) No estáis solas ni solos. La batalla no es individual: es colectiva, jurídica y política a la vez. Europa sigue marcando el camino y el asunto está vivo, con hitos relevantes en 2026.
2) Documentación y acompañamiento importan. En un escenario de procesos selectivos, cambios normativos y litigios, es clave ordenar tu caso: antigüedad, concatenación de nombramientos/contratos, plaza estructural, procesos en curso, ceses y cualquier comunicación formal.
Desde SEPMA reforzamos nuestro compromiso: información clara, defensa sindical y apoyo jurídico para sostener a quienes continúan en abuso de temporalidad en la Administración Local de la provincia de Málaga. Porque la solución no puede consistir en “pasar página” dejando atrás a quienes han sostenido el servicio público.
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: que 2026 no sea un año más de espera, sino el año en que se consolide una respuesta efectiva: prevención para que no se repita el abuso y estabilidad real para quienes lo han sufrido.
Jésica Perez