SEPMA, junto a una plataforma ciudadana que agrupa a trabajadoras y trabajadores interinos víctimas de abuso de temporalidad, ha presentado una querella penal contra cinco integrantes de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo
La denuncia, registrada el pasado viernes 11 de julio ante la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, denuncia que las sentencias emitidas entre febrero y marzo de 2025 vulneran el Derecho de la Unión Europea, al eludir las obligaciones impuestas por el Tribunal de Justicia de la UE para sancionar de forma efectiva la utilización abusiva del empleo temporal en las administraciones públicas.
Esta acción judicial, impulsada por los letrados José María Caballero y Javier Arauz de Robles, pone el foco en decisiones judiciales que, en lugar de sancionar el abuso, consolidan la temporalidad, al mantener a las personas interinas en sus plazas de manera indefinida hasta que se cubran mediante oposición o concurso, sin reconocer su derecho a la estabilidad.
La querella, de más de 60 páginas, ha sido suscrita por más de 250 personas afectadas, así como por organizaciones sindicales y plataformas de toda España. SEPMA, como sindicato independiente comprometido con la defensa del empleo público y la legalidad comunitaria, forma parte activa de esta iniciativa, reclamando el cumplimiento efectivo de las sentencias europeas.
Argumentos centrales de la demanda
Los fundamentos jurídicos de la querella se articulan en tres ejes:
- Abuso estructural de la temporalidad: se denuncia que mantener durante años a personal interino sin ofrecerles las mismas garantías que al personal fijo incumple frontalmente las directrices del TJUE.
- Evaluación del mérito y antigüedad frente a convocatorias reiteradas: se critica que quienes han demostrado su competencia a través de años de servicio deban volver a superar procesos selectivos, lo cual perpetúa la precariedad y el agravio comparativo.
- Ausencia de sanción efectiva: mantener al personal interino en su puesto sin más medida que esperar a que llegue alguien de nuevo ingreso no se ajusta a los criterios de sanción disuasoria que exige el derecho europeo.
Un problema de dimensión europea
A 1 de enero de 2025, según el INE, el 32,3 % del personal del sector público en España tenía una relación temporal. Esta tasa, muy por encima del 8 % recomendado por la UE, afecta especialmente a mujeres mayores de 55 años, quienes sufren doble discriminación: por edad y por género. La falta de estabilidad laboral no solo vulnera derechos individuales, sino que deteriora el funcionamiento de los servicios públicos.
La Comisión Europea toma medidas
El pasado 7 de julio de 2025, la Comisión Europea acordó congelar 627 millones de euros en fondos europeos destinados a España por no haber adoptado medidas eficaces para reducir la temporalidad abusiva. La Comisión recordó que ni la permanencia provisional, ni convocatorias periódicas, ni indemnizaciones simbólicas constituyen sanciones adecuadas según los estándares comunitarios.
Conclusión
Desde SEPMA defendemos que el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea no es una opción, sino una obligación legal y ética. Esta querella busca no solo la reparación individual de quienes llevan años encadenando contratos temporales, sino también un cambio estructural en la gestión del empleo público en nuestro país. La ciudadanía merece servicios públicos prestados por personal con derechos, estabilidad y dignidad profesional
Jésica Perez