Desde SEPMA volvemos a denunciar públicamente el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones públicas en materia de estabilización del empleo. En este caso, nos referimos a la Diputación Provincial de Málaga, donde, tras concluir los procesos de estabilización previstos, la temporalidad sigue lejos del objetivo legal fijado
Los datos hablan por sí solos: el 34% de los puestos continúan en situación de temporalidad, muy lejos del 8% marcado como límite por la Ley 20/2021. Dentro de esa cifra, un preocupante 7% corresponde a contrataciones por programas, que en su mayoría están cubriendo funciones estructurales —una práctica que vulnera claramente la normativa vigente.
Desde la sección sindical de SEPMA en Diputación, y extendiendo nuestra posición como sindicato provincial, denunciamos el uso abusivo y sistemático de fórmulas temporales para cubrir necesidades que son permanentes. Esta situación supone una violación directa de la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea, así como de los principios fundamentales recogidos en la propia Ley 20/2021.
Dicha ley establecía tres pilares claros para abordar esta problemática:
- Reducir de forma inmediata la elevada temporalidad existente.
- Establecer mecanismos eficaces para prevenir y sancionar el abuso.
- Impulsar una cultura de planificación en la gestión del personal.
Sin embargo, la realidad nos muestra que, en lugar de avanzar, seguimos instalados en modelos de contratación que precarizan el empleo público y deterioran la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Desde SEPMA instamos a la Diputación a:
- Culminar sin más demoras todas las ofertas de empleo en marcha y la creación de todas aquellas plazas que son susceptibles, necesarias y justificadas con los actuales, contratos temporales, que suplen la creación de dichas plazas de estructura.
- Apostar por una planificación/gestión de RR.HH, que proporcione estabilidad en los servicios que se prestan a la ciudadanía y en la estabilidad – calidad del empleado /a público.
- Asumir con seriedad y compromiso el mandato legal y europeo para poner fin al abuso de temporalidad.
La estabilidad en el empleo público no es una opción: es un derecho

