La temporalidad abusiva en el sector público español vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y político
La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en los procedimientos de infracción abiertos contra España por la falta de medidas suficientes para prevenir y sancionar el uso abusivo de relaciones laborales temporales en las administraciones públicas. Al mismo tiempo, Función Pública ha reunido a comunidades autónomas y entidades locales para estudiar posibles cambios normativos tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Obadal.
La Comisión Europea ha decidido enviar a España un dictamen motivado dentro del procedimiento de infracción INFR(2014)4334, al considerar que el Derecho español no ofrece una protección suficiente frente al abuso de contratos o relaciones de duración determinada en el sector público. Bruselas recuerda que la Directiva 1999/70/CE exige a los Estados miembros introducir medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar este tipo de abusos.
Según la propia Comisión, aunque España ha modificado su normativa tras la apertura del procedimiento en 2015 y después de la última carta de emplazamiento enviada en octubre de 2024, las explicaciones ofrecidas siguen siendo “insatisfactorias”. Por ello, España dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. En caso contrario, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además, la Comisión Europea ha enviado otro dictamen motivado a España, dentro del procedimiento INFR(2014)4224, por no haber adaptado plenamente la legislación nacional a la Directiva sobre trabajo de duración determinada, en relación con la prohibición de discriminación de las personas trabajadoras temporales. Bruselas considera que existen condiciones laborales menos favorables para trabajadores temporales del sector público frente al personal fijo.
Este nuevo aviso europeo llega pocas semanas después de la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026, asunto C-418/24, Obadal, en la que la justicia europea concluye que las medidas previstas en España para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público no resultan conformes con el Derecho de la Unión. El TJUE cuestiona que figuras como el indefinido no fijo, las indemnizaciones al cese, la responsabilidad de las administraciones o los procesos selectivos sean, por sí solos, respuestas suficientes para sancionar el abuso y reparar sus consecuencias.
En este contexto, según ha publicado eldiario.es, la Secretaría de Estado de Función Pública ha convocado a las comunidades autónomas y a la FEMP en la Comisión de Coordinación del Empleo Público. En dicha reunión se habría acordado reactivar el Grupo Técnico de Selección, ya existente para abordar la reducción de la temporalidad, y crear un nuevo grupo de trabajo para estudiar posibles cambios normativos.
Desde SEPMA consideramos que estos movimientos evidencian una realidad que las empleadas y empleados públicos temporales llevan años denunciando: la temporalidad estructural no puede normalizarse como forma ordinaria de gestión de los servicios públicos. Cuando una plaza responde a necesidades permanentes, la Administración debe ofrecer estabilidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos laborales.
La reducción de la temporalidad no puede limitarse a estadísticas o procesos generales de estabilización. Debe incluir medidas eficaces, proporcionadas y disuasorias que impidan que las administraciones vuelvan a utilizar la temporalidad como fórmula permanente para cubrir necesidades estructurales.
Para SEPMA, la respuesta debe pasar por una reforma clara, negociada y garantista, que proteja a quienes han sufrido años de encadenamiento de nombramientos o contratos temporales, y que al mismo tiempo refuerce la calidad del empleo público y de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
El debate ya no es únicamente jurídico. Es también una cuestión de justicia laboral, de responsabilidad institucional y de respeto a miles de trabajadoras y trabajadores públicos que han sostenido servicios esenciales durante años en situación de incertidumbre.
SEPMA seguirá defendiendo que el empleo público debe ser estable, digno y ajustado al Derecho europeo, y que ninguna Administración puede construir su funcionamiento ordinario sobre la precariedad de su propia plantilla.
Jésica Perez