Esta cifra, lejos de ser anecdótica, refleja una precariedad estructural profundamente arraigada en las administraciones públicas
En la provincia de Málaga, uno de cada cuatro profesionales del sector público desarrolla su labor en situación de temporalidad o interinidad, afectando tanto, a quienes sostienen estos servicios como a la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.
Detrás de este porcentaje hay miles de personas cuya estabilidad laboral se ve comprometida, muchas de ellas mujeres, que siguen asumiendo mayoritariamente los empleos más precarizados dentro del sector público, especialmente en ámbitos como sanidad, educación o atención social. La feminización de la precariedad sigue siendo una realidad, incluso en el corazón de nuestras instituciones.
Una problemática estructural
A pesar de los compromisos legales que fijan un tope del 8 % de temporalidad en el empleo público, el sector sigue lejos de alcanzar ese objetivo. En Málaga, la situación se agrava en determinados servicios donde se encadenan contratos de corta duración, se mantienen vacantes sin cubrir y se recurre sistemáticamente a figuras interinas para cubrir necesidades estructurales.
Estas condiciones laborales, lejos de ser coyunturales, se han convertido en norma. Y lo que es más grave: perpetúan dinámicas discriminatorias, afectando especialmente a las personas jóvenes, a quienes acceden por primera vez a la función pública.
Impacto en los servicios públicos y en la salud laboral
La inestabilidad laboral no solo precariza a quienes trabajan en el sector público, sino que debilita la estructura del propio sistema. Equipos que no pueden consolidarse, formación continua que se diluye con cada contrato, pérdida de experiencia profesional y rotación constante. Todo ello repercute directamente en la calidad de los servicios y en la relación con la ciudadanía.
Además, esta situación impacta en la salud laboral: estrés, agotamiento, dificultad para conciliar y sensación de desarraigo institucional. Quienes sostienen los servicios públicos merecen condiciones que garanticen su bienestar, desarrollo profesional y permanencia.
Leyes que se incumplen y procesos que se retrasan
La normativa vigente establece medidas para evitar el abuso de la temporalidad, incluyendo procesos de estabilización, límites a las contrataciones interinas y mecanismos de conversión de puestos en plazas fijas. No obstante, su aplicación está siendo lenta, desigual y, en muchos casos, ineficaz.
A pesar de las convocatorias anunciadas y ya concluidas en muchas administraciones públicas,aún queda un alto número de plazas sin regularizar. Y, mientras tanto, se siguen generando nuevas situaciones de interinidad. Este escenario vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público, y perpetúa la precarización laboral dentro de las instituciones.
Desde SEPMA: compromiso con la estabilidad, la igualdad y el servicio público
Desde SEPMA, sindicato independiente de quienes trabajan en el sector público en la provincia de Málaga, exigimos medidas urgentes, concretas y eficaces para poner fin a esta situación:
Reivindicamos:
- Procesos de estabilización reales y equitativos
- Publicación periódica y transparente de los datos de temporalidad desagregados por sexo, edad y ámbito.
- Supresión del uso abusivo de contratos temporales para necesidades estructurales.
- Agilización de los procedimientos selectivos con criterios inclusivos.
- Reconocimiento de la experiencia acumulada, especialmente de quienes han encadenado años de servicio sin estabilidad.
La estabilidad en el empleo público es un derecho y una necesidad. Defenderla es defender servicios públicos de calidad, relaciones laborales justas y una administración que cuide de quienes la sostienen.
Jésica Perez