En pleno arranque de 2026, el debate sobre una posible “ley de punto final” para el personal interino en abuso de temporalidad deja de ser un asunto teórico y entra en la agenda política por un motivo muy concreto: Europa ya está pasando factura y el Gobierno necesita una salida que sea jurídicamente eficaz y parlamentariamente viable.
La clave de la actualidad: Bruselas no discute el problema, discute la falta de sanción “real”
Lo relevante ahora no es solo que exista abuso (eso ya lo reconoce todo el mundo), sino que la Comisión Europea ha castigado a España al considerar insuficientes las medidas para prevenir y sancionar ese abuso en el empleo público, lo que se ha traducido en recortes/suspensiones de fondos vinculados al Plan de Recuperación.
Además, el debate jurídico sigue escalando: el Tribunal Supremo mantiene que no cabe “fijeza automática” por mérito y capacidad, pero al mismo tiempo ha pedido al TJUE que aclare el marco europeo aplicable en la temporalidad abusiva.
Y el Abogado General del TJUE (octubre de 2025) fue muy claro en un punto que condiciona toda la política española: si no hay conversión a fijo, tiene que haber otras medidas realmente efectivas y disuasorias… y cuestiona que las actuales lo sean.
¿Qué significa “ley de punto final” en términos políticos reales?
La propuesta que se está deslizando en el debate público no es “barra libre”, sino una solución legislativa extraordinaria para cerrar el abuso ya producido (años de nombramientos encadenados) con una figura de estabilidad que, en muchos planteamientos, se formula como “fijo/a a extinguir”: estabilidad para la persona en abuso, sin convertirlo en un “modelo permanente” de acceso.
Y aquí viene lo importante: esto ya está aterrizando en el Congreso. En la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado (BOCG), se han movido enmiendas —desde varios grupos— para introducir soluciones más contundentes frente al abuso (incluida esa figura de “fijo a extinguir”).
El freno principal: el Gobierno, a día de hoy, no lo ha asumido como salida
En octubre de 2025, el ministro Óscar López rechazó la conversión automática en fijeza alegando que chocaría con mérito y capacidad, y llamó a un acuerdo en la Ley de Función Pública “sin saltarse la Constitución”.
Traducido a política: Moncloa no tiene una posición pública de “sí” a una ley de punto final. Lo que hay —según informa el diario Sabemos— es un cambio de clima: “Sánchez se estaría abriendo” a estudiarlo ante el coste europeo y el desgaste interno.
La aritmética parlamentaria: por qué ahora es “posible”, pero también por qué es difícil
Aquí está el nudo político en 2026:
Lo que empuja a que sea posible
- Presión europea con dinero real: los recortes/suspensiones de fondos convierten el problema en una urgencia del Ejecutivo.
- La vía parlamentaria ya existe: la Ley de Función Pública es el “vehículo” perfecto para meter una solución con rango legal y alcance estatal.
- Socios que lo exigen: parte del bloque de investidura (y aliados puntuales) han condicionado su apoyo a que haya una salida “real” al abuso.
Lo que la hace difícil
- Gobierno en minoría y legislatura frágil: el propio entorno político reconoce problemas para sacar medidas por el Congreso con normalidad, por la dependencia de Junts y otros apoyos variables.
- Riesgo de choque institucional: oposición política + resistencias jurídicas (doctrina del Supremo) pueden llevar a una batalla de recursos y a retrasos, justo lo que Europa reprocha (falta de eficacia).
Enfoque SEPMA: si hay “punto final”, debe ser solución y reparación, no otro parche
Desde el sindicalismo independiente, lo decimos claro: el personal en abuso no puede seguir pagando la factura de décadas de mala planificación.
Para SEPMA, una ley con vocación de cerrar el conflicto debe cumplir tres condiciones mínimas:
- Reparar el abuso ya cometido, garantizando estabilidad real (no “estabilizaciones” que acaban en cese, pleitos y coste para la persona trabajadora).
- Ser disuasoria para el futuro: si no hay sanción efectiva a la Administración que abusa, el sistema se reproduce. Esta es la exigencia de fondo de la UE.
- Negociación y seguridad jurídica: el texto debe salir con garantías, para que no nazca “tocado” y no se convierta en otro laberinto judicial.
En resumen: la posibilidad política existe porque hay un incentivo poderoso (Europa) y un cauce legislativo (Ley de Función Pública), pero no está garantizada porque el Gobierno no ha hecho suyo el enfoque de “punto final” y porque la mayoría parlamentaria sigue siendo inestable.
Fuente: Diario Sabemos, BOE.
Enlaces de interés:
- Ficha del proyecto
- BOCG (Serie A) – Texto íntegro en PDF (A-31-1, 26/07/2024
- BOCG (Serie A) – Enmiendas e índice de enmiendas en PDF (A-31-2, 04/03/2025)
Comunicaciones SEPMA