El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana una cuestión de gran relevancia para miles de trabajadoras y trabajadores del sector público: ¿es conforme a la Constitución española la conversión de personal interino en fijo como medida para sancionar el abuso de la temporalidad en la Administración?
La deliberación parte del recurso planteado contra una sentencia que avaló esta medida, abriendo un intenso debate jurídico sobre su compatibilidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el artículo 23.2 de la Constitución para el acceso al empleo público.
Un problema estructural en las administraciones públicas
El uso abusivo de la contratación temporal en las administraciones públicas ha sido reiteradamente señalado tanto por la jurisprudencia nacional como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En muchos casos, este abuso ha supuesto que personas ocupen durante años —incluso décadas— puestos de carácter estructural sin acceder nunca a un proceso selectivo que garantice su estabilidad.
Esta situación ha dado lugar a una acumulación de litigios, demandas de regularización y medidas legislativas —como la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad— que intentan dar respuesta al problema, aunque no siempre con éxito ni con la suficiente seguridad jurídica.
El Tribunal Constitucional debe ahora pronunciarse sobre si es legítimo, desde el punto de vista constitucional, que ante una situación de abuso se pueda reconocer directamente la condición de personal fijo, sin necesidad de concurso-oposición. Este planteamiento, respaldado por algunos órganos judiciales, busca dar cumplimiento a las exigencias del derecho europeo, que obliga a sancionar de forma efectiva el abuso en la contratación temporal.
Por otro lado, existen interpretaciones que consideran que esta vía vulneraría los principios constitucionales del acceso al empleo público en condiciones de igualdad, al no abrirse la plaza a concurrencia pública.
En juego: derechos laborales y el modelo de acceso al empleo público
El fallo del Constitucional marcará un antes y un después para el colectivo de personas interinas y para las políticas de personal de las administraciones. De avalarse la conversión automática en fijeza, se abriría la puerta a que los tribunales sigan consolidando este tipo de medidas correctoras del abuso. Por el contrario, si se considera inconstitucional, muchas de las expectativas generadas por las recientes reformas legislativas y sentencias quedarían en entredicho.
Desde SEPMA seguiremos con atención este proceso, conscientes de lo que está en juego: el respeto a los derechos laborales, la seguridad jurídica de las plantillas y la necesidad de una función pública que combine el principio de igualdad con la justicia frente al abuso.
Jésica Perez