La actual Ley 20/2021 ha sido evaluada como insuficiente para dar cumplimiento a los principios establecidos en la normativa europea, en especial en lo referido a combatir el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
La Comisión Europea ha decidido suspender 626 millones de euros de los fondos asignados a España en el quinto tramo del Plan de Recuperación (Next Generation EU), al considerar que la legislación vigente incumple el compromiso adquirido por el Estado español para reducir la temporalidad en el empleo público mediante medidas eficaces de prevención y sanción.
Este recorte se enmarca en un ajuste global de más de 1.100 millones de euros, que incluye también otras áreas donde se han detectado incumplimientos, como la reforma fiscal verde o los retrasos en la digitalización de la administración.
Respuesta del Ministerio de Función Pública
Desde el Ministerio de Función Pública se ha rechazado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones previstas en la Ley 20/2021. En su lugar, se plantea modificar el marco normativo en dos sentidos:
- Endurecer los requisitos para realizar contrataciones temporales, restringiendo los supuestos que justifican su uso.
- Establecer nuevas sanciones a responsables de recursos humanos de las administraciones públicas que incumplan los límites legales, reforzando el carácter disuasorio de la norma.
- Agilizar los procesos selectivos, con el objetivo de reducir el uso de contratos temporales prolongados.
Estas reformas se impulsarán mediante su inclusión en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal, actualmente en tramitación urgente en el Congreso. Además, se prevé incorporar modificaciones a la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, cuyo desarrollo legislativo se retomará en septiembre con la reactivación de la Ponencia parlamentaria correspondiente.
Desde SEPMA, como sindicato independiente del personal empleado público de la provincia de Málaga, denunciamos de forma clara y constante la situación de abuso estructural de la temporalidad en las administraciones públicas, que afecta de manera directa a miles de profesionales, muchos de ellos con más de una década de servicio bajo contratos temporales encadenados.
Nuestra lucha sindical se centra en que se aplique la fijeza como medida de reparación ante el fraude de ley, tal y como establecen los principios recogidos en la normativa comunitaria y ratifican reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solo a través de la transformación del personal afectado en personal fijo se garantiza la efectiva protección de los derechos laborales y se cumple con los estándares europeos.
Contexto europeo y legal
La Directiva 1999/70/CE obliga a los Estados miembros a prevenir y sancionar el uso abusivo de la contratación temporal. En este marco, la Comisión Europea ha insistido en que la normativa española no cumple adecuadamente con esta exigencia, al no establecer consecuencias disuasorias reales frente al abuso reiterado de contratos de duración determinada.
Desde SEPMA, recordamos que España arrastra un incumplimiento continuado de esta directiva desde hace más de dos décadas, y exigimos que el nuevo marco legal avance en la consolidación efectiva de las personas en abuso de temporalidad mediante la estabilización real de sus plazas.
En noticias anteriores https://sepma.es/2025/07/25/suspension-fondos-europeos-abuso-temporalidad
Jésica Perez