La Justicia obliga al Ayuntamiento de Marbella a borrar datos biométricos de una persona empleada municipal

Una nueva sentencia judicial refuerza las advertencias que SEPMA viene realizando desde hace años sobre la ilegalidad del control biométrico impuesto a la plantilla del Ayuntamiento de Marbella

El fallo obliga al Consistorio a eliminar por completo la información dactilar y facial de una persona trabajadora, al considerar que no existe base legal que autorice este tratamiento de alto riesgo, existiendo alternativas menos intrusivas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Málaga ha dictado sentencia contra el Ayuntamiento de Marbella por negarse a suprimir los datos biométricos de una persona integrante de la plantilla municipal, pese a que esta había solicitado de forma expresa su eliminación. El fallo determina que no existe ninguna norma con rango de ley que habilite a una administración pública a recopilar y conservar huellas dactilares o datos de reconocimiento facial de su personal para el control horario, cuando existen otros sistemas posibles y menos intrusivos.

Esta resolución llega tras un largo conflicto que SEPMA ha venido denunciando públicamente desde que, a finales de 2022, el Ayuntamiento impuso la entrega de datos biométricos a casi 4.000 personas trabajadoras del consistorio, ignorando la oposición sindical. El sistema, contratado por más de 170.000 euros, obligaba a fichar mediante terminales de reconocimiento facial y dactilar.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía abrió en enero de este año un expediente sancionador al Consistorio por posible vulneración de la normativa. Fue entonces cuando se sustituyó el control biométrico por un sistema de tarjeta o código, aunque el Ayuntamiento mantuvo en sus bases de datos la información biométrica previamente recabada.

La sentencia subraya que este tratamiento está catalogado como “de alto riesgo” por el Reglamento General de Protección de Datos y que, en este caso, no era ni imprescindible ni legal. El juez destaca que la propia administración ha implantado métodos menos invasivos, lo que desmonta el argumento de que la biometría era la única forma de controlar la jornada laboral.

Este caso podría tener un alcance mayor: hay al menos cuatro procedimientos judiciales similares pendientes de resolución, que podrían afectar a miles de personas empleadas municipales.

Esta decisión judicial se suma a las advertencias que ya recogimos en:

Desde SEPMA reiteramos que el control horario de la plantilla debe realizarse siempre dentro de la legalidad, garantizando la privacidad y la protección de datos personales. La sentencia confirma que el Ayuntamiento de Marbella actuó sin habilitación legal, vulnerando derechos fundamentales y poniendo en riesgo la información más sensible del personal municipal. Continuaremos vigilantes para que se restituyan todas las garantías y se eliminen los datos de forma definitiva para toda la plantilla.

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