La Comisión Europea intensifica su procedimiento de Infracción contra España

Bruselas envía una segunda carta de emplazamiento al gobierno español, instándole a modificar su legislación para abordar estas desigualdades

La Comisión Europea ha intensificado su procedimiento de infracción contra España debido a la discriminación que enfrentan los trabajadores interinos en el sector público en comparación con el personal fijo. El pasado 25 de julio de 2024, Bruselas envió una segunda carta de emplazamiento al Gobierno español, instándole a modificar su legislación para abordar estas desigualdades. 

Motivos del procedimiento de infracción:

La Comisión Europea señala que la legislación española actual no transpone adecuadamente la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contratos de duración determinada. Las principales áreas de preocupación incluyen:

  • Derechos de vacaciones: Los empleados temporales en el sector público español disfrutan de condiciones menos favorables en comparación con sus homólogos fijos. 
  • Cálculo de antigüedad: Existen diferencias en el reconocimiento de la antigüedad entre trabajadores temporales y fijos, afectando su progresión y beneficios laborales. 
  • Acceso a permisos y trayectorias profesionales: Los empleados temporales enfrentan restricciones en el acceso a ciertos tipos de permisos y en su desarrollo profesional dentro de la administración pública. 

En respuesta a las críticas de Bruselas, el Gobierno español ha implementado reformas para reducir la temporalidad en el sector público. Sin embargo, la Comisión considera que estas medidas son insuficientes para abordar la discriminación existente. 

Si España no adopta las medidas necesarias en el plazo establecido, la Comisión Europea podría emitir un dictamen motivado, el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una sentencia desfavorable podría resultar en sanciones económicas para España. 

Este procedimiento de infracción se suma a otros abiertos por la Comisión Europea contra España en relación con el uso abusivo de contratos temporales en el sector público. 

La situación actual refleja la necesidad de reformas estructurales en el sistema de contratación del sector público español para garantizar la igualdad de trato entre trabajadores temporales y fijos, en cumplimiento con la normativa europea.