La posible implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) ha entrado en una fase decisiva. La medida afecta al personal que presta servicio en la Administración estatal, es decir, en ministerios, delegaciones, organismos públicos y otros servicios dependientes del Estado.
Junto a esta cuestión, también continúa abierta otra negociación importante: la de la jubilación parcial en el empleo público, una reivindicación que sigue pendiente de una solución definitiva.
Quién está negociando
La negociación se desarrolla entre, por un lado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en representación de la Administración, y, por otro, las organizaciones sindicales presentes en las mesas de negociación del empleo público, que actúan en defensa de los derechos laborales del personal al servicio de las administraciones.
Se trata, por tanto, de una negociación que afecta directamente a las condiciones de trabajo de miles de empleadas y empleados públicos en todo el ámbito estatal.
Qué se está negociando exactamente
Lo que se está abordando es la reducción de la jornada ordinaria, que actualmente se sitúa con carácter general en 37,5 horas semanales, para pasar a 35 horas semanales.
En términos anuales, esto supondría un cómputo aproximado de 1.533 horas al año, además de la adaptación necesaria en aquellos ámbitos donde existen jornadas especiales o sistemas de trabajo con particularidades organizativas.
Una medida ligada al refuerzo de lo público
Esta reducción de jornada no debe interpretarse como una cuestión aislada. Forma parte de un debate más amplio sobre la modernización de las administraciones públicas, la mejora de la organización del trabajo y la necesidad de garantizar unas condiciones laborales adecuadas para quienes sostienen los servicios públicos.
Defender unas condiciones dignas para el personal empleado público no significa debilitar la Administración, sino precisamente lo contrario: fortalecer lo público, proteger a quienes lo hacen posible cada día y contribuir a una prestación de servicios de calidad para toda la ciudadanía.
Cuándo podría aplicarse
La previsión que se maneja es que el acuerdo pueda cerrarse esta semana y que su aplicación llegue a mediados de abril, una vez se publique la resolución correspondiente.
Aun así, todavía quedan algunos aspectos pendientes de concreción, sobre todo en relación con determinados ámbitos del sector público estatal y con la adaptación de algunas jornadas específicas.
La jubilación parcial sigue sobre la mesa
Junto a la jornada de 35 horas, otra de las cuestiones que sigue abierta es la jubilación parcial.
Esta fórmula permite una transición gradual hacia la jubilación completa, combinando durante un tiempo la actividad laboral con el acceso parcial a la pensión. En la práctica, supone una vía para facilitar el relevo generacional y ordenar mejor la salida progresiva del personal de mayor edad.
Por qué sigue sin resolverse del todo
En el ámbito de la Administración pública, la jubilación parcial presenta más dificultades que en otros sectores debido a las normas específicas que regulan el acceso al empleo público, la cobertura de puestos y los mecanismos de contratación.
Por eso, además del avance en la jornada de 35 horas, sigue siendo necesario aprobar una solución normativa que permita hacer efectiva esta modalidad con plenas garantías jurídicas y sin dejar fuera al personal afectado.
Dos negociaciones clave para el empleo público
En este momento, por tanto, hay dos cuestiones principales sobre la mesa.
Por un lado, la reducción de jornada en la Administración del Estado, que se encuentra en una fase muy avanzada. Por otro, el desbloqueo de la jubilación parcial, que continúa pendiente de cierre definitivo.
Ambas materias forman parte de una misma reivindicación de fondo: reforzar el empleo público, proteger los derechos de su personal y garantizar unos servicios públicos sólidos y de calidad.
Fuente: Business Insider España.
Jésica Perez